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La SCJN suspendió el juicio político contra Samuel García luego de admitir una controversia constitucional promovida por el Gobierno de Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Nuevo León y concedió una suspensión que frena los efectos del juicio político iniciado por el Congreso local contra el gobernador Samuel García Sepúlveda.

La determinación del máximo tribunal impide que el Poder Legislativo estatal ejecute cualquier medida derivada del procedimiento, como una eventual separación del cargo o inhabilitación del mandatario.
El caso ha cobrado relevancia debido a los señalamientos sobre irregularidades en la integración del expediente utilizado para sustentar el procedimiento legislativo.
El Congreso de Nuevo León admitió el inicio del juicio político argumentando que existían pruebas suficientes para acreditar un supuesto actuar ilegal del gobernador, pese a que dichos elementos probatorios eran falsos.
El gobierno de Nuevo León dio a conocer que las únicas pruebas incorporadas al expediente serían la identificación oficial de la denunciante y recortes de notas periodísticas.
Incluso, se señala que el Congreso declaró procedente el juicio político bajo el argumento de que existían evidencias que demostraban conductas irregulares por parte del titular del Ejecutivo estatal, sin embargo, nunca dieron a conocer las pruebas.
La controversia surgió luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local sostuviera que contaba con elementos suficientes para respaldar el procedimiento. Sin embargo, esa información era incorrecta, lo que motivó la presentación de un juicio de amparo ante un juez federal y posteriormente una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
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La resolución fue publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN. En ella se establece que el Congreso de Nuevo León deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto que pudiera generar consecuencias directas sobre la permanencia de Samuel García.
El pasado 12 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien enfrenta señalamientos por una presunta triangulación de recursos públicos que podrían derivar en posibles actos de corrupción.
La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria en la que legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena respaldaron la continuación del procedimiento, mientras que el representante de Movimiento Ciudadano votó en contra.
El caso surge a raíz de una denuncia presentada por Morena el pasado 8 de junio, en la que se acusa al mandatario estatal de presuntamente triangular cerca de mil millones de pesos de recursos públicos hacia empresas relacionadas con su entorno familiar. De acuerdo con los señalamientos, parte de esos recursos habrían terminado en un despacho vinculado al padre del gobernador.