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Iñaki Blanco defendió las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Guerrero tras la desaparición de los 43 normalistas

La nueva recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Iguala utiliza con una doble vara el testimonio de Gildardo López Astudillo, identificado como “Juan” en el expediente, acusó Iñaki Blanco Cabrera, exprocurador de Guerrero durante los hechos de septiembre de 2014.

En la primera investigación ministerial era conocido como “El Gil, señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas y quien denunció haber sido torturado.
La Recomendación 208VG/2026 concluyó que hubo violaciones graves contra 92 estudiantes, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza y fallas en las investigaciones. La CNDH sostiene que sus señalamientos busca corregir errores anteriores, reivindicar a las víctimas y aportar nuevas líneas para esclarecer lo ocurrido.
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Iñaki Blanco afirmó que la CNDH da valor a las declaraciones de “El Gil” cuando señala a autoridades de Guerrero, pero las minimiza cuando menciona a instituciones federales, especialmente al Ejército. Para el exprocurador, el organismo tomó solamente las partes del testimonio que servían para sostener sus conclusiones.
También defendió el trabajo de la entonces Procuraduría de Guerrero y aseguró que ninguna de las personas detenidas y llevadas ante un juez por la fiscalía estatal fue liberada porque se acreditara tortura o violaciones a sus derechos. Sostuvo que esa situación sí ocurrió con detenciones realizadas posteriormente por autoridades federales.
El exprocurador calificó como “absurda, inconducente e inverosímil” la hipótesis de que los restos encontrados en fosas de Iguala hubieran sido sustituidos por cuerpos de “80 indigentes”. Señaló que peritos estatales, federales y del Equipo Argentino de Antropología Forense realizaron estudios genéticos que descartaron que esos restos pertenecieran a los estudiantes.

Blanco agregó que las primeras investigaciones permitieron establecer que los normalistas fueron trasladados por rutas diferentes, identificar a la célula de “Los Bélicos”, detener y procesar a 33 personas y relacionar armas de policías municipales con las agresiones. Recordó además que esa noche la fiscalía estatal protegió a 68 estudiantes y tomó sus declaraciones en presencia de defensores de derechos humanos.
El exfuncionario también cuestionó que la CNDH desacredite el trabajo del GIEI, de la anterior administración del propio organismo y de la Comisión para la Verdad encabezada por Alejandro Encinas. Consideró particularmente grave que el documento sugiera pagos a testigos o el uso de pruebas para responsabilizar al Ejército sin presentar, según él, evidencia sólida.
Blanco aseguró que ha rendido seis declaraciones ante la PGR y la FGR, colaborado con comisiones legislativas y comparecido ante la Comisión para la Verdad. Recordó que una orden de aprehensión solicitada en su contra fue cancelada por falta de sustento y advirtió que la recomendación de la CNDH puede enrarecer nuevamente el caso, revictimizar a las familias y permitir que la política se imponga sobre la verdad y la justicia.