El fiscal irrelevante

Ulises Lara era hasta ayer un típico alto funcionario de la 4T. No fue escogido por su capacidad, sino por su lealtad… y quizá sus contactos familiares. Su trayectoria profesional fue, si acaso, mediocre y su preparación académica ha sido cuestionada. Sus funciones han sido principalmente servir a la Cuarta Transformación.

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Ayer por la tarde se dio a conocer la “renuncia” de Lara por “motivos personales” al cargo de fiscal de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República, el cual ocupaba apenas desde el 2 de enero de este 2026. Lo más probable es que se trate de un cese, ya que todo su equipo de trabajo está dejando también la institución. La renuncia, por otra parte, se hace efectiva hoy mismo, a unas horas del anuncio. No parece ser una terminación amigable de una responsabilidad técnica, como debería ser esta fiscalía.

En principio parecería que Lara tenía una preparación académica razonable, pero no para ser fiscal. Obtuvo una licenciatura en sociología en la UNAM y dos maestrías, una en dirección y gestión pública municipal de la Universidad Carlos III de España y otra en gobierno y asuntos públicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Reportaba además una especialidad en la UNAM y dos diplomados en la UAM Xochimilco y en la UNAM. Fue esposo de la hoy ministra de la Suprema Corte Lenia Batres, quien pertenece a una de las familias más poderosas del actual gobierno morenista.

El problema es que para ser fiscal hay que ser abogado y Ulises no lo era. Según su currículum oficial, publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2023, Lara trabajó de 2013 a 2014 como director ejecutivo de formación continua y servicios estudiantiles de la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal. De 2015 a 2016 fue titular del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Son puestos de nivel medio que no tenían nada que ver con la justicia.

En 2018, al empezar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el país y el de Claudia Sheinbaum en la capital, Ulises ingresó a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que estaba en proceso de transformarse en Fiscalía General. En 2023 era coordinador de asesores, pero su currículum oficial aparecía con el grado de doctor en derecho, el cual no se le conocía. ¿Mintió? Parece que sí.

En 2024, cuando Ernestina Godoy no fue ratificada como fiscal capitalina por el congreso local, Lara se convirtió en encargado de despacho y reveló que tenía un título de derecho, pero ya no un doctorado, sino una licenciatura otorgada días antes por una escuela virtualmente desconocida, llamada Centro Universitario Cúspide. ¿Dónde perdió Ulises el doctorado que presumía? No sabemos.

La actuación más recordada de Ulises como fiscal encargado de despacho fue rescatar al hoy senador Javier Corral de la ejecución de una orden de aprehensión por corrupción girada por un juzgado de Chihuahua. La fiscalía de Chihuahua acusó a Lara de obstrucción de la justicia. Cuando Bertha Alcalde fue nombrada fiscal de la Ciudad de México en enero de 2025, Ulises dejó la institución. En enero de 2026 Ernestina Godoy lo llevó a la FGR. Su cargo como fiscal de asuntos relevantes lo hacía responsable de investigaciones como la de los 10 de Sinaloa, acusados de complicidad con el narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o la de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, a quien los morenistas acusan de traición a la patria por supuestamente haber permitido un operativo con agentes de la CIA.

Nadie ha explicado hasta ahora las razones de la renuncia de Ulises Lara a la fiscalía. Es muy probable que el gobierno de Sheinbaum le dé un premio de consolación para pagar su lealtad, pero no hay indicios de que haya hecho bien su trabajo. La FGR parece empantanada en todos esos casos relevantes que él debería haber llevado a buen puerto. Al parecer se convirtió en un fiscal irrelevante.