
Foto: Cuartoscuro
Claudia Sheinbaum cuestionó un reportaje del New York Times que señala que funcionarios mexicanos habrían sostenido conversaciones con autoridades de Estados Unidos.

Una vez más la presidenta Sheinbaum se molestó con un artículo periodístico. Este fue publicado por el New York Times el 27 de junio, pero contaba con la colaboración de Steve Fisher, un reportero cuyos reportajes en Los Ángeles Times también han molestado a la mandataria y que tiene muy buenas relaciones con funcionarios de justicia de Estados Unidos.

En el artículo se señala que un grupo de “cuando menos una docena de funcionarios electos en México, incluyendo gobernadores y legisladores, muchos del partido de gobierno, han buscado compartir información acerca de otros políticos… y varios han empezado ya conversaciones con Estados Unidos”.
La presidenta quiso dar lecciones de periodismo desde la palestra de la mañanera: “Fíjense en la nota: ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’. Esa es la nota”.
Quizá la presidenta no sabe qué muchos de los mejores trabajos de periodismo de investigación se sustentan en pláticas con fuentes que protegen su identidad. Fue el caso, por ejemplo, de “Garganta Profunda”, la fuente anónima que permitió descubrir la participación y el encubrimiento del presidente Richard Nixon en un allanamiento ilegal de las oficinas del Partido Democrático en el Edificio Watergate de Washington en 1972.
Gracias a esta fuente anónima, y al trabajo de los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, Nixon se vio obligado a renunciar en 1974.
Un buen periodista y su medio verifican que las fuentes anónimas sean fidedignas, pero no traicionan su identidad. El New York Times es uno de los diarios más cuidadosos en el mundo en su verificación de datos y fuentes.
La presidenta quiere cerrar los ojos ante una posibilidad que se vuelve cada vez más real. Mientras ella se mantiene firme en su decisión de no detener y extraditar a los políticos mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el narco, hay políticos en México, incluso de Morena, que quieren colaborar con el gobierno estadounidense para evitar que se les acuse a ellos de proteger a narcopolíticos.

La presidenta afirma que no hay pruebas en contra de los 10 de Sinaloa, a pesar de que las acusaciones del Departamento de Justicia fueron avaladas por un gran jurado, esto es, un grupo de ciudadanos convocados precisamente para revisar si las pruebas existentes permitían suponer una probable responsabilidad que permitiera comenzar un juicio. La Fiscalía General de la República de México, a su vez, no parece haber hecho ninguna investigación seria sobre los indicios de esta presunta responsabilidad.
Muchos políticos se sienten inquietos. No quieren terminar en una cárcel de Estados Unidos acusados de cómplices. La presidenta pide unidad a sus colaboradores para “defender la soberanía nacional”, pero cuando esto implica la posibilidad de ser acusados de complicidad por Estados Unidos resulta difícil obedecer las órdenes de la presidenta.
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