
Foto: Cuartoscuro
Para los opositores, la detención de Ruffo Appel se llevó a cabo para distraer a los mexicanos de los escándalos de los morenistas

La detención de Ernesto Ruffo por presunto huachicol ha causado revuelo dentro de la oposición, pues el PAN y Somos México han señalado que la detención tuvo un móvil político.
A través de comunicados, las organizaciones políticas dejaron en claro que para ellos la detención es una cortina de humo que busca alejar la atención de las acusaciones y escándalos en los que se encuentran diferentes figuras de Morena, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por lo que exigieron que se respete la ley y no se haga uso faccioso de la procuración de justicia.

El partido Somos México defendió a Ruffo Appel al ser integrante del Consejo Consultivo de la organización y exigió su liberación inmediata al acusar que se trata de un arresto arbitrario e ilegal.
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Aseguraron que la empresa del panista, Ingemar, está avalada ante el SAT y la Secretaría de Energía y aún así “la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy decidió arremeter contra Ruffo”, mientras se hace de “la vista gorda” con gobernadores y dependencias señaladas de participar en el huachicol.
Insistieron que la acción es una cortina de humo para no atender el caso de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar por ser morenistas.
“Buscan con acciones como esta desviar la atención de los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizados de gobernadores y funcionarios leales al régimen como Rubén Rocha Moya”, señalaron.
Por su parte, el PAN señaló que se debe respetar el debido proceso pues “ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”.
Destacaron que en el caso del exgobernador las autoridades actuaron de forma inmediata, mientras que en casos como el de Rocha Moya no ha actuado “aún con pruebas contundentes” en su contra.
Además, llamaron la atención sobre que la aprehensión se dé en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta la gobernadora Marina del Pilar tras la difusión de audios en los que presuntamente se habría reunido con supuestos asesores de EUA.
Por ello, exigieron que las autoridades “actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados”.