
Foto: Especial
A través de diversas investigaciones periodísticas se destaparon redes del huachicol fiscal que involucran a funcionarios de la 4T, aunque varios de los personajes señalados aún no enfrentan cargos

Las investigaciones sobre el huachicol fiscal comenzaron varios años antes cuando diversos trabajos periodísticos documentaron cómo operaban presuntas redes dedicadas al contrabando de combustibles, la evasión de impuestos y el robo de hidrocarburos, además de señalar posibles vínculos con actores políticos durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.
Con el paso del tiempo, buena parte de esas revelaciones fueron respaldadas por investigaciones oficiales que derivaron en aseguramientos de combustible, procesos penales contra empresas y exfuncionarios relacionados con este esquema.
Sin embargo, varios de los personajes señalados se encuentran aún sin alguna línea de investigación, acusación u orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República.
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Uno de los primeros casos que exhibió la magnitud del huachicol fiscal fue el de Sergio Carmona Angulo, asesinado en noviembre de 2021, conocido como "El Rey del Huachicol", investigado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
MCCI reveló que III Servicios, filial de Pemex encargada del programa de pipas implementado durante la estrategia contra el robo de combustible, pagó más de 22 millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa propiedad de Carmona, mientras éste ya era identificado públicamente como operador del huachicol fiscal.

De igual manera, las investigaciones del diario Reforma señalaron que Carmona construyó una estructura para importar gasolina y diésel desde Texas utilizando las aduanas de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas. El combustible ingresaba al país declarado como “aceites minerales” o “aditivos lubricantes”, lo que permitía evitar el pago del IEPS y del IVA.
Por otra parte, las investigaciones y señalamientos vinculan a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, con una red de presunto huachicol fiscal a través de funcionarios, empresarios y operadores

Los reportajes también documentaron que las ganancias obtenidas mediante este esquema habrían servido para financiar campañas políticas durante las elecciones de 2021, además de identificar presuntos vínculos con integrantes de Morena en Tamaulipas.
Las investigaciones realizadas por Reforma ampliaron el panorama al documentar que el fenómeno no se limitaba a un solo operador.
El medio dio seguimiento a denuncias e investigaciones relacionadas con el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, quien fue señalado por presuntos vínculos con redes dedicadas a la introducción irregular de combustibles a través de la frontera norte.

Las publicaciones mostraron cómo el control de las aduanas y de la logística de importación de hidrocarburos se convirtió en un punto estratégico para el desarrollo del huachicol fiscal, evidenciando que el esquema involucraba intereses empresariales, operadores logísticos y posibles redes de protección institucional.
De igual manera, el medio señaló que el dueño del concurso Miss Universo, habría reconocido que ante la FGR su participación en dos operaciones, en las que, según él, invirtió 4.2 millones de pesos.
Otra de las investigaciones que marcaron el caso fue la publicada Quinto Elemento Lab, basada en documentos filtrados por Guacamaya Leaks.
El reportaje reveló que en los documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría ordenado investigar al entonces secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como presunto líder de La Barredora, grupo criminal relacionado con el robo de combustible en el sureste.

Posteriormente, MCCI también documentó que Bermudez Requena encubrió que el robo físico de hidrocarburos mediante la ordeña de ductos. Las investigaciones señalaron que la organización buscaba colocar miles de litros de diésel robado entre empresas proveedoras del Tren Maya, mientras administraba contratos oficiales relacionados con el suministro de combustible para corporaciones policiacas.
Las publicaciones también expusieron que los reportes de inteligencia militar advertían sobre la operación de esta estructura desde años atrás.
Una investigación de Aristegui Noticias reveló una presunta red de huachicol fiscal que habría operado desde 2021 con la participación de militares encargados de aduanas en Coahuila y Chihuahua.
Entre los investigados figura el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, exadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez.
El reportaje también documentó que el combustible era distribuido mediante pipas y ferrotanques de diversas empresas transportistas para abastecer gasolineras, esquema que actualmente forma parte de las investigaciones federales por presunto contrabando de hidrocarburos.

El 23 de noviembre de 2022, el periodista Carlos Loret de Mola, en Latinus, fue el primero en destapar los nexos de los hermanos Farias Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, en robo de hidrocarburos, en el texto titulado “Los sobrinos consentidos de la Marina”. A través de su columna en El Universal.

El reportaje documentó la operación de una presunta red encabezada por Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, familiares políticos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quienes presuntamente controlaban el ingreso ilegal de combustibles por los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
Por su parte, MCCI reveló en una investigación que los cargamentos ingresaban al país simulando transportar aditivos industriales cuando en realidad se trataba de millones de litros de gasolina y diésel.
Posteriormente el medio Código Magenta reveló que el combustible era distribuido mediante empresas transportistas como Mefra Fletes, vinculada al empresario Roberto Blanco Cantú, identificado como "El Señor de los Buques"
En 2026, El País publicó una investigación que conectó el huachicol fiscal con las aduanas marítimas.
Según la investigación y expedientes ministeriales consultados por el diario, esta modalidad de contrabando habría provocado pérdidas estimadas en 7 mil millones de dólares para el erario mexicano y llegó a representar entre 20 y 30% del combustible comercializado en el país.
Otro de los episodios que alimentó las investigaciones sobre el presunto financiamiento ilegal ligado al huachicol fiscal fue documentado en el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según el texto, Ramírez Cuevas habría sostenido reuniones con Carmona y facilitado su acercamiento con figuras relevantes de Morena para respaldar financieramente diversas campañas electorales, entre ellas la de Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas.

La publicación sostiene que Carmona se convirtió en un operador clave dentro del financiamiento político en entidades como Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, al tiempo que consolidaba una red de huachicol fiscal basada en empresas fachada y esquemas de facturación irregular.
Asimismo, menciona que el nombre de Jesús Ramírez aparece en documentos anexos a investigaciones abiertas en cortes de Nueva York y Texas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento electoral, aunque aclara que hasta el momento no existe ningún proceso penal formal en su contra.
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Aunque las investigaciones oficiales continúan, las revelaciones periodísticas fueron las primeras en documentar cómo el huachicol fiscal evolucionó desde un mecanismo de evasión tributaria hasta una compleja red de importación ilegal y distribución de combustibles.