Dan prisión preventiva para Ernesto Ruffo y otros implicados por presunto contrabando de huachicol

Un juez federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con una red de importación ilegal de combustibles.

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De acuerdo con la FGR, la audiencia se prolongó por más de un día y, tras la presentación de cerca de un centenar de datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal, el juez determinó imponer distintas medidas cautelares a los acusados mientras continúa el proceso penal.

¿Quiénes permanecerán en prisión?

La FGR informó que Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso desde sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.

La dependencia agregó que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será posteriormente cuando el juez determine si los imputados son vinculados o no a proceso.

La investigación por presunto contrabando de hidrocarburos

Según la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad, relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La autoridad explicó que el esquema investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando el producto como una mercancía distinta para evadir el pago de impuestos.

De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de prácticas genera una afectación económica para el Estado mexicano y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

A su vez, la FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y su responsabilidad únicamente podrá determinarse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.