
Foto: Cuartoscuro
A pesar de que pesan señalamientos serios en contra de varios gobernadores y exgobernadores de Morena, ninguno de ellos ha sido detenido o citado por la justicia

Durante las últimas dos décadas, la justicia mexicana ha llevado a prisión a una larga lista de exgobernadores acusados de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y otros delitos federales.
La mayoría de esos casos tuvieron como protagonistas a exmandatarios del PRI, PAN e incluso del PRD, convirtiéndose en algunos de los mayores escándalos políticos del país. El caso más reciente es el del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, lo que reavivó el debate sobre la actuación de las autoridades frente a exmandatarios estatales.
Sin embargo, desde la llegada de Morena al poder, el panorama ha cambiado. Aunque varios gobernadores y exgobernadores emanados de la Cuarta Transformación han sido señalados públicamente, denunciados por la oposición o mencionados en investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con el crimen organizado, corrupción o redes de financiamiento ilícito, ninguno ha sido detenido ni ha enfrentado un proceso penal similar al de sus antecesores.
En ese sentido, han surgido distintos cuestionamientos en los que mencionan el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien enfrenta acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
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En las últimas dos décadas, el PRI es el partido que concentra el mayor número de exgobernadores que han enfrentado procesos penales o han estado en prisión, con 14 exmandatarios involucrados en casos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos.
Entre ellos destacan Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Mario Marín (Puebla), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Andrés Granier (Tabasco), entre otros.

Por su parte, algunos de los exgobernadores del PAN que han sido llevados tras la rejas son 2: Guillermo Padrés, exmandatario de Sonora y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes y más recientemente fue detenido Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado por presunto huachicol fiscal.
En tanto el extinto PRD, partido que enarboló una ideología de izquierda, también cuenta con 3 exmandatarios que pisaron la cárcel, entre estos Pablo Salazar Mediguchía, exgobernador de Chiapas, y Rosario Robles, la primera jefa de Gobierno de la CDMX.

Cabe resaltar que la mayoría de estos políticos fueron procesados y purgaron o siguen purgando sus condenas, mientras que otros recobraron su libertad.

En Morena el escenario ha sido distinto. Diversos gobernadores y exgobernadores acumulan señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, corrupción o redes de financiamiento ilícito; sin embargo, ninguno ha sido detenido ni enfrenta procesos penales en México.
Aunque en varios casos existen indagatorias o acusaciones promovidas por la oposición e incluso por autoridades estadounidenses, las investigaciones no han derivado en órdenes de aprehensión o judicialización de los expedientes, situación que ha alimentado las críticas por un presunto trato diferenciado en la aplicación de la justicia. Estos son algunos de los casos más relevantes.
El gobernador con licencia de Sinaloa cuenta con una acusación formal emitida por fiscales en Estados Unidos, país que ha solicitado formalmente su extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
De acuerdo con el expediente del tribunal estadounidense, se le relaciona con la facción de “Los Chapitos”, quienes habrían intervenido en el proceso electoral de 2021 para favorecer su triunfo.
Por su parte, la Fiscalía General de la República abrió una investigación tras recibir la solicitud internacional, pero hasta el momento el político permanece en libertad en la ciudad de Culiacán, mientras que el gobierno mexicano argumenta falta de pruebas suficientes para cumplimentar la detención.

En esta caso en particular, la oposición ha reprochado inacción para detener al político sinaloense, mientras que al panista Ernesto Ruffo se le detuvo de inmediato.
El exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de denuncias presentadas ante la FGR por partidos de oposición, quienes exigen revisar sus presuntos nexos con el crimen organizado y supuestas redes de financiamiento ilícito.
Estas denuncias se dieron tras la captura en agosto de 2025 de su exsecretario de Seguridad Publica en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, a quien se señala de ser el fundador del grupo criminal “La Barredora”.
A pesar de los expedientes promovidos por los bloques opositores, no existen órdenes de aprehensión vigentes en su contra ni procesos de desafuero en marcha que limiten sus funciones actuales como senador de la República.

Exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami, ha sido señalado por permitir la expansión de grupos dedicados a la delincuencia organizada en la zona fronteriza con Guatemala y el tránsito ilegal de hidrocarburos durante su gestión.
Por estos motivos, el diplomático mexicano también estaría en la mira de autoridades estadounidenses, de acuerdo con reportes periodísticos.
Pese a estos señalamientos, las autoridades mexicanas ningún procedimiento de orden judicial en su contra.

Ha sido señalado en investigaciones periodísticas y declaraciones de testigos protegidos por presuntos vínculos con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”, quien presuntamente financió campañas de Morena en Tamaulipas.
El libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, retoma versiones sobre el presunto apoyo financiero de Carmona a la campaña de Villarreal.

Políticos de oposición han solicitado que la FGR investigue un posible financiamiento ilícito y vínculos con redes de contrabando de combustibles.
Villarreal ha negado los señalamientos y no enfrenta procesos penales ni órdenes de aprehensión.
El exgobernador de Morelos y ahora diputado federal fue denunciado por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, ante la Fiscalía General de Morelos por presunto abuso sexual e intento de violación.
Tras la denuncia, se solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero constitucional a Blanco Bravo para que pudiera ser procesado penalmente como cualquier ciudadano.
Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por las bancadas de Morena, PT y PRI.

Además, durante su administración como gobernador de Morelos enfrentó diversas denuncias y señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y presuntos vínculos de integrantes de su gobierno con grupos criminales; sin embargo, no ha sido vinculado a proceso ni existe una sentencia en su contra.
A mediados de junio se difundieron supuestos audios donde se escucha a Marina del Pilar conversar con presuntos representantes del gobierno de Estados Unidos.
En las supuestas grabaciones se comprometió a compartir información a cambio de no ser indagada e incluso extraditada a suelo estadounidense.
Al momento no hay ninguna acusación formal de alguna autoridad en contra de la gobernadora por la que esté siendo juzgada.
