
Foto: Cuartoscuro
El exgobernador de Baja California fue enviado al penal federal del Altiplano luego de que un juez le impusiera prisión preventiva por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

Luego de que un juez federal dictó prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, fue trasladado al penal federal del Altiplano.
El exmandatario forma parte de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
De acuerdo con Reforma, el convoy en el que Ernesto Ruffo Appel fue sacado de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, partió con destino al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Al mismo penal también fueron trasladados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes enfrentan los mismos señalamientos.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue trasladada al CERESO femenil Nezahualcóyotl Sur.
Todos los imputados forman parte de la acusación presentada por la FGR contra la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo es socio, así como contra agentes aduanales y otras compañías presuntamente involucradas en la introducción ilegal de combustible procedente de Estados Unidos.
La Fiscalía señaló que las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad.
“Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”, indicó la FGR.
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menos producto del que realmente se transportaba o declarándolo como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos.
La institución sostuvo que este tipo de conductas genera una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituye una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
