Fernando Gómez Mont, abogado del exgobernador de Baja California, aseguró que durante la audiencia la FGR no se mostró evidencia que vincule a Ernesto Ruffo con el contrabando de combustible.
El abogado Fernando Gómez Mont, defensor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado pruebas que vinculen a su cliente con los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Gómez Mont aseguró que, pese a que la FGR expuso durante horas una gran cantidad de documentos, no encontró alguno que, a su juicio, vincule directamente a Ernesto Ruffo con la operación de transporte de combustible que investiga la autoridad.
“Hoy por hoy esta defensa no escuchó dentro de lo que se le presentó en las horas pasadas nada que se parezca a lo que se dijo en la conferencia de prensa”, afirmó. También señaló que no observó información que justificara mantener la audiencia bajo reserva por motivos de seguridad nacional.
Gómez Mont explicó que Ernesto Ruffo es accionista minoritario de Ingemar (con el 30%), empresa que contaba con permisos para importar combustible. Sin embargo, enfatizó que el exgobernador no intervenía en la logística ni en el transporte.
“Apenas estamos revisando los documentos, pero de ninguna manera ni tiene el control ni la mayoría para decidir sobre lo que sobre lo que hace esa empresa”, dijo el abogado.
La defensa también sostiene que no se han encontrado documentos que acrediten que Ruffo tuviera conocimiento de un presunto ingreso irregular de gasolina o que obtuviera ganancias por ello.
“Yo no conozco un solo elemento más allá de que es accionista de la empresa que tenía los permisos para importar gasolina”, afirmó durante la entrevista.
En ese contexto, el abogado rechazó la versión de las autoridades federales de que su cliente sea uno de los principales responsables de una red de contrabando de hidrocarburos.
“Hoy lo que te puedo decir es que no hay ningún documento que seriamente sustente esa teoría del caso... No hay nada que sostenga eso”, declaró al ser cuestionado sobre los señalamientos realizados por el Gobierno federal.
El defensor insistió en que la empresa Ingemar únicamente contrató a una compañía transportista para introducir el combustible que tenía autorizado importar y sostuvo que, si existió un ingreso adicional de hidrocarburos, ello correspondería a actuaciones de la empresa transportista y no de su cliente.
“El contrabando es un hecho material... aquí de lo que nos dicen es que tratándose de aprovechar los permisos legítimos de nuestros clientes, el transportador quiso meter miles y miles de litros de petróleo... ese es un tema del importador y del agente aduanero, pero no del cliente”, afirmó.
Durante la entrevista, Gómez Mont confirmó que la defensa solicitó que Ernesto Ruffo enfrentara el proceso en prisión domiciliaria debido a su edad, aunque la petición fue rechazada por la autoridad judicial.
Explicó que únicamente dos de los imputados de mayor edad obtuvieron ese beneficio por razones humanitarias, mientras que el resto permanecerá sujeto a la medida cautelar impuesta por el juez.
