
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y huachicol. - Foto: FGR
Una jueza federal determinó iniciar proceso penal contra el exgobernador de Baja California y otros siete acusados por una investigación de la FGR.

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y huachicol ferroviario, como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Luego de presentar “datos de prueba contundentes”, la resolución fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas.

La jueza consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba suficientes para vincular a proceso a quienes permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano; ellos son:
Asimismo, Adriana Magali Bárcenas Guillén, quien ya se encontraba recluida en el Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, continuará en reclusión. En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria debido a problemas de salud.

Según la investigación de la FGR, Ernesto Ruffo Appel y los demás acusados habrían diseñado un esquema mediante 11 empresas para introducir de manera ilegal a México 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina transportados en 163 carrotanques.
La indagatoria señala que la empresa Ingemar, identificada como consignataria, habría sido una pieza central del presunto entramado utilizado para el ingreso de combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
De acuerdo con la orden de aprehensión citada por La Jornada, el grupo realizó al menos nueve embarques desde la refinería de Deer Park, filial de Pemex ubicada en Texas, con destino a Ingemar, mientras que la empresa Internacional de Fundentes figuraba como destinataria final del combustible en México.
Las investigaciones también refieren que Internacional de Fundentes cuenta con una averiguación por presuntamente falsificar documentos para ingresar al país mayores volúmenes de hidrocarburos de los autorizados, pese a contar con permisos para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbosina.
