PAN buscará frenar a Morena en debate sobre derecho de las audiencias

En la dirigencia nacional del PAN ya comenzaron a diseñar la ruta con la que buscarán convertir el debate sobre el derecho de las audiencias en uno de los principales frentes de confrontación con Morena durante el próximo periodo legislativo.

La apuesta es posicionar el tema como una discusión sobre la defensa de la libertad de expresión y los contrapesos democráticos, con el objetivo de evitar que quede reducido a un debate técnico reservado para especialistas.

Nos cuentan que la instrucción es no quedarse únicamente en los discursos desde la tribuna. La oposición pretende llevar el tema a universidades, organizaciones civiles, especialistas y medios de comunicación para construir presión pública antes de que concluya el proceso legislativo.

La idea es instalar la narrativa de que cualquier cambio que pueda interpretarse como una mayor injerencia del Estado en los contenidos debe discutirse con mayor amplitud y transparencia.

PAN busca unir a la oposición para debatir tema del derecho de las audiencias

En los cálculos panistas consideran que este puede convertirse en uno de los pocos temas capaces de unificar a la oposición y sumar voces fuera de los partidos.

Por eso, además de preparar reservas y argumentos jurídicos, ya trabajan en una estrategia de comunicación para mantener el asunto en la conversación pública y obligar a Morena a defender, uno por uno, los alcances de la reforma.

La postura del PAN se ha endurecido en las últimas semanas luego de que legisladores y dirigentes del partido advirtieran que los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias podrían abrir la puerta a mecanismos de supervisión que, en su opinión, terminarían afectando la libertad editorial de medios de comunicación y periodistas.

Desde la oposición sostienen que cualquier regulación que permita interpretaciones amplias sobre los contenidos informativos corre el riesgo de convertirse en una herramienta de presión política.

Los panistas también han insistido en que la discusión no debe limitarse al ámbito legislativo. Argumentan que se trata de un tema que involucra directamente a ciudadanos, concesionarios, comunicadores y especialistas en telecomunicaciones, por lo que consideran necesario ampliar el debate público antes de concretar cualquier modificación normativa.

En ese sentido, han señalado que la protección de las audiencias debe garantizarse sin generar disposiciones que puedan traducirse en restricciones indirectas a la libertad de expresión.

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