
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha logrado acaparar las miradas tras la emisión de lineamientos para el derecho de audiencias - Foto: Cuartoscuro
Los lineamientos para el derecho de las audiencias han generado críticas al abrir la puerta a que el gobierno pueda restringir los contenidos de los medios de comunicación.

La publicación de los lineamientos para el derecho de las audiencias abrió un nuevo frente de debate para el gobierno federal. La propuesta, presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia y puesta a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha generado críticas de la oposición, especialistas y representantes de la industria de la radio y la televisión, quienes advierten riesgos para la libertad de expresión.

Más allá del contenido de los lineamientos, la discusión se ha centrado en el papel que desempeñará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo organismo encargado de vigilar su aplicación. Sus facultades para revisar el cumplimiento de las disposiciones y, en su caso, imponer sanciones, han despertado cuestionamientos sobre su independencia y el alcance de su actuación. Pero, ¿qué es la CRT, cómo fue creada y quiénes integran este órgano?
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La CRT fue creada mediante la nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 2025, la cual sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De acuerdo con la ley, en su artículo 7, la CRT es un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital “con independencia técnica, operativa y de gestión”, sin embargo sí depende de la Agencia en cuanto a su presupuesto.

Además de regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la Comisión tiene facultades para emitir lineamientos, supervisar el cumplimiento de la legislación, resolver procedimientos y administrar diversos aspectos de las concesiones del sector.
El órgano está compuesto por un Pleno en el que se toman las decisiones integrado por cinco personas comisionadas (que durarán 7 años en el puesto), incluida la comisionada presidenta (por un periodo de 3), los cuales tienen voz y voto.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el mecanismo de designación de sus integrantes. La ley establece que las cinco personas comisionadas deben ser propuestas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado.
Para la oposición, este esquema reduce los contrapesos institucionales; mientras que el Gobierno sostiene que la Comisión cuenta con independencia técnica, operativa y de gestión.

El 14 de octubre del 2025 el Senado avaló y tomó protesta de los integrantes del Pleno:
En aquella ocasión la diputada Alejandra Barrales, de MC, manifestó que, cuatro de las cinco personas propuestas incumplían con un requisito: el de independencia.
Aseguró que se desempeñaban como subordinados directos del actual titular la Agencia de Transformación Digital, José Merino.
Además de reconocer los derechos de las audiencias, el proyecto de lineamientos establece nuevas obligaciones para los concesionarios de radio y televisión. Entre ellas se encuentra la adopción de un código de ética que incorpore expresamente estas disposiciones, así como la creación de una Defensoría de las Audiencias, instancia encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a las quejas presentadas por el público.
La Defensoría deberá emitir recomendaciones cuando considere que se vulneraron los derechos de las audiencias. Sin embargo, si el concesionario no las atiende o la persona inconforme decide acudir a la autoridad, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir, iniciar un procedimiento administrativo y determinar si existió una infracción a los lineamientos e imponer las sanciones.
Este último punto es el que ha concentrado la mayor parte de las críticas, pues consideran que la intervención de la CRT podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales sobre los contenidos informativos y generar un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico.
Debido a la intervención de la Comisión y la cercanía de los perfiles a la Presidencia, integrantes del PRI como Rubén Moreira y el senador Manuel Añorve han señalado que la ley busca amordazar a los medios de comunicación controlando las opiniones de periodistas y las noticias que se publiquen.
“Ellos quieren que el gobierno decida qué escucha el pueblo, qué ve el pueblo, y qué opiniones aprecia el pueblo. Y quiere censurar a todos los medios de comunicación", señaló el diputado Moreira.
Mientras que el exmorenista y diputado de MC, Gibrán Ramírez, propuso que la propuesta también incluya lineamientos que se apliquen a las conferencias matutinas de la presidenta.
“Cada día tendrían que estar disculpándose de las imprecisiones o falsedades del día anterior (…) Si les parece tan bien, que tengan en sus oficinas de comunicación social a un defensor de las audiencias, nombrado por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil que tienen que someter al gobierno a escrutinio”, señaló a medios.
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias permanecerán en consulta pública hasta el 21 de agosto. Durante ese periodo, organizaciones civiles, concesionarios, especialistas, académicos y ciudadanos podrán presentar observaciones antes de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones determine la versión definitiva del documento.
Mientras tanto, el debate continúa centrado en el alcance que tendrá la CRT para intervenir en controversias relacionadas con contenidos informativos y en los límites entre la protección de las audiencias y la libertad de expresión.