
Ángel Aguirre Rivero fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado por la FGR de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. - Foto: FGR
La Fiscalía General de la República acusa a Ángel Aguirre Rivero de haber ordenado ocultar videos de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, considerados evidencia fundamental para conocer qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos.

Un juez de control impuso prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien enfrenta acusaciones por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La medida cautelar fue dictada este viernes durante la audiencia inicial celebrada en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que el juzgador validara la legalidad de la detención del exmandatario, realizada el pasado 6 de agosto en el Estado de México por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación, la FGR señala a Aguirre Rivero de haber ordenado la desaparición de grabaciones de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, material que habría registrado momentos clave de la agresión y desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
La defensa del exgobernador solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 11 de agosto cuando el juez determine si es vinculado a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía.
Según la versión presentada por la FGR, las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala captaron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban estudiantes de Ayotzinapa, fue interceptado por corporaciones policiales durante la noche de los ataques.
La Fiscalía sostiene que esas imágenes representaban una evidencia fundamental para reconstruir lo ocurrido con los normalistas. Sin embargo, durante años se aseguró oficialmente que las grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que en enero de 2026 una persona colaboradora aportó información que confirmó la existencia de dichos videos y señaló que el material habría sido sustraído para ser entregado directamente al entonces gobernador de Guerrero.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido fortaleció esa versión al declarar que Aguirre Rivero presuntamente ordenó a integrantes de alto nivel de su administración desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Durante un mensaje público, Ernestina Godoy sostuvo que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para acreditar que el ocultamiento de las grabaciones no fue producto de errores administrativos o fallas técnicas.
“Fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, afirmó la fiscal al referirse a las investigaciones realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
La FGR indicó que el nuevo avance en el caso forma parte de una revisión integral de las investigaciones desarrollada junto con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
La captura de Aguirre Rivero se suma a otras acciones emprendidas por las autoridades para esclarecer el presunto ocultamiento de información relacionada con el caso Ayotzinapa.
En mayo de 2025 fue detenida Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, señalada por la FGR de haber ordenado la destrucción de las mismas grabaciones cuando se desempeñaba como titular del Poder Judicial estatal.
Además, este año también fueron capturados Mauro Antonio Mosso Benítez, exdirector de Tránsito de Iguala, acusado de delincuencia organizada y vinculado a uno de los teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos, así como el exmilitar Enrique Martínez Chávez, detenido en Estados Unidos y reclamado por México por su presunta participación en los hechos.
Con la imposición de la prisión preventiva, Ángel Aguirre Rivero permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra. El próximo martes 11 de agosto se llevará a cabo la audiencia en la que el juez resolverá si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
La detención del exgobernador representa uno de los movimientos más relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa en los últimos años, al tratarse del funcionario de más alto nivel señalado hasta ahora por el presunto ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes.