Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

La determinación fue emitida por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, después de una audiencia que se prolongó durante más de 15 horas, en la que el Ministerio Público expuso los elementos con los que busca acreditar la responsabilidad del exmandatario.

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FGR acusa a Aguirre de ordenar destruir evidencias

Como parte de las indagatorias, la FGR presentó otros 13 datos de prueba con la acusación expuesta durante el proceso, entre ellas dos testimonios, donde señalan que Aguirre habría ordenado ocultar, borrar o destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y posteriormente desaparecidos en Iguala.

El material, según la Fiscalía, mostraría el traslado de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas y la presencia de personas armadas que habrían obligado a los estudiantes a abordar otro vehículo.

La autoridad ministerial considera que esas imágenes podían aportar información relevante para establecer quiénes participaron en el traslado de los estudiantes y la ruta que siguieron después de su desaparición.

Testimonios señalan entrega de videos al exgobernador

La versión presentada por la Fiscalía sostiene que el disco fue llevado a la oficina de Aguirre Rivero en la sede del gobierno estatal el 29 de septiembre de 2014, tres días después de los hechos.

De acuerdo con los testimonios, el entonces gobernador habría recibido el material y posteriormente se lo entregó al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de él. La acusación también señala que después se habría ordenado eliminar o destruir otros elementos relacionados con los acontecimientos de Iguala.

La resolución se produjo pese a que la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación. El juez consideró que los elementos presentados por la FGR eran suficientes, en esta etapa procesal, para presumir la posible responsabilidad del exgobernador.

Defensa presentó 31 pruebas para desacreditar acusación

La defensa buscó demostrar que el exgobernador no se encontraba en Guerrero el 29 de septiembre de 2014, fecha en la que presuntamente habría recibido el sobre con el disco.

Para ello presentó testimonios del exsecretario de Gobierno de Guerreo, Jesús Martínez Garmelo y a Felipe Martín Ornelas Rebollo, coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo del estado, durante la administración de Aguirre.

Además de documentos relacionados con una reunión que Aguirre Rivero habría sostenido ese día en la Ciudad de México con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Se desahogaron pruebas que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en el momento en que, supuestamente, le entregaron los videos que habría ordenado destruir”, dijo al finalizar la audiencia.

El abogado defensor, Guillermo Barradas, también reveló que una de la pruebas que presentó la FGR fue la geolocalización de un dispositivo móvil. Sin embargo, la defensa del exgobernador apeló que el celular no correspondía a Ángel Aguirre.

“La Fiscalía, incluso en su desesperación, pretendió ofrecer la geolocalización de un celular que ni siquiera era del señor Aguirre y que tampoco demostraba que ese número se encontrara en Chilpancingo”.

El defensor del exgobernador, adelantó que buscará modificar la medida cautelar para que pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria.

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“Apelaremos y haremos un esfuerzo por tratar de demostrar plenamente su inocencia en las próximas etapas”, sostuvo la defensa del exgobernador.

Con la vinculación a proceso, el juez estableció un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán reunir y presentar nuevos elementos antes de la etapa de juicio.

Con información de Salvador Maceda.