Diversos políticos y funcionarios mexicanos han reportado la revocación de sus visas estadounidenses, mientras otros casos han sido difundidos sin confirmación oficial. Estas son las figuras involucradas y las razones que se conocen hasta ahora.
En 2025, medios estadounidenses revelaron que alrededor de 50 funcionarios mexicanos habían perdido su visa estadounidense.
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En la mayoría de los casos no se dieron a conocer las razones, y el más reciente en sumarse a la lista fue Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué otros políticos mexicanos se les ha retirado este documento estadounidense?
Desde el comienzo de la administración del actual presidente Donald Trump se han revocado un total de 175 mil visas, según el Departamento de Estado, en el marco de su ofensiva migratoria.
La revocación de una visa significa que el documento deja de ser válido para solicitar el ingreso a Estados Unidos.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de EUA, informó las tres principales razones por las cuales han sido revocadas visas:
Aunque, recalcó, la mayoría de las cancelaciones se produjeron después de encuentros con las fuerzas del orden relacionados con distintos delitos, también señaló casos de fraude, incumplimiento de las condiciones de las visas, llamados a la violencia y cuestiones de seguridad nacional.
Diversos políticos y expolíticos han informado que el gobierno estadounidense les retiró el documento. Entre los casos documentados aparecen funcionarios y exfuncionarios de Morena, PRI y otros partidos.
En este rubro se encuentran perfiles como Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, quien dio a conocer este 13 de agosto que el Gobierno de Estados Unidos le retiró su visa, medida que calificó como “política, politiquera y propagandística, al estilo hitleriano”. López Beltrán ha sido señalado en investigaciones periodísticas por estar involucrado en huachicol fiscal.
En la lista también está Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Márquez Hernández, quien fue destituido en diciembre de 2025, fue el primer funcionario de la actual administración en perder su visa y es señalado por autoridades estadounidenses por huachicol.
El priista Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, también confirmó el 10 de julio de 2025 la revocación de su visa, señaló que el aviso se dio en medio de una crítica suya a los aranceles impuestos al jitomate.
El retiro de visas también puso bajo la lupa la ubicación geográfica de varios de los implicados, ya que la mayoría son gobernadores, alcaldes y diputados de estados fronterizos con Estados Unidos.
Comenzando con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y Carlos Torres Torres, su exesposo y excoordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana. Ambos informaron de su retiro de visa el 10 de mayo de 2025 a través de sus redes sociales, siendo Torres Torres el primero en anunciarlo.
Quien tuvo una situación similar fue Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, quien se enteró del retiro de su visa por su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado que intentó cruzar a California el 8 de agosto de 2025, y fue notificado de la revocación y la de su esposa.
También están los políticos que señalaron situaciones como adquisición de ciudadanía, multas de tránsito o que buscaban la ciudadanía estadounidense para su bebé como posibles motivos de la suspensión de la visa.
Como Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, quien confirmó la cancelación de su visa el pasado 25 de julio y señaló que fue por un dilema lingüístico, ya que la revocación fue por el inicio de su proceso migratorio en búsqueda de su ciudadanía.
En el caso de Myrna Brighite Granados de la Rosa, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, informó el pasado 3 de junio que la cancelación de su visa se debió a una supuesta infracción de tránsito registrada años atrás en el país norteamericano.
Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila, y su esposo, el coordinador regional de la Policía Especializada de Coahuila, Jorge Miguel Barajas Hernández, informaron que les fue revocada su visa en agosto de 2025. Aunque no se les dijo los motivos, hay versiones que señalan que la pareja buscaba tener su segundo hijo en Estados Unidos.
Mientras que algunas figuras fueron señaladas directamente por las autoridades estadounidenses, tal es el caso de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena por Baja California y exalcaldesa de Rosarito, a quien en diciembre de 2025 le fue revocada la visa y bloquearon sus cuentas, tras ser vinculada con el Cártel de Sinaloa.
Asimismo, hay otros alcaldes de corte morenista en la frontera norte a quienes se les ha revocado su visa y lo han confirmado.
Por otra parte, se encuentran los políticos cuya información sobre la revocación de su visa ha sido revelada por trabajos periodísticos y en algunos casos, ha sido desmentida o no ha sido confirmada por los involucrados o las autoridades estadounidenses.
Entre los más destacados están Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, a quienes Los Ángeles Times señalaron que se les habría cancelado la visa por nexos con el crimen organizado y huachicol fiscal.
Tanto Durazo como Villarreal negaron los señalamientos, y en el caso del gobernador de Tamaulipas, ofreció una conferencia de prensa y enseñó su visa ante los presentes.
Asimismo se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien previo a las acusaciones formales realizadas por Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, Los Angeles Times reportó que la visa del gobernador con licencia se le habría retirado desde 2025, aunque entonces no se precisaron los motivos.
También se encuentran los casos de políticos que fueron detenidos o interrogados por autoridades estadounidenses, pero que negaron el retiro del documento.
Entre los más recientes se encuentra el de Esteban Villegas, gobernador de Durango, quien informó en junio que su visa presentaba una “alerta amarilla”. Tras un interrogatorio con autoridades estadounidenses, le indicaron que no se le retiraría el documento, aunque debía “resolver un tema”. El mandatario acudió posteriormente al consulado para atender la situación.
Otro episodio fue el de Alberto Granados, alcalde de Matamoros, retenido en abril de 2025 por agentes estadounidenses, quienes presuntamente habrían retenido su visa. Sin embargo, el edil negó la cancelación y aseguró que se trató únicamente de una revisión migratoria.
Finalmente, el diputado federal del Partido Verde por Tamaulipas, Mario Alberto López Hernández, fue detenido por autoridades en Brownsville, Texas, y devuelto a México. El legislador rechazó que le hayan revocado la visa y afirmó que el incidente correspondió a un procedimiento rutinario.
Otro episodio dentro de esta política de revocación de visas ocurrió a través de las redes sociales de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien hizo públicos algunos casos que involucraron a políticos y ciudadanos mexicanos.
Como el caso de Salvador Ramírez, excoordinador de Comunicación Social de Morena en la Cámara de Diputados, a quien le fue revocada su visa su visa luego de que, tras el asesinato de Charlie Kirk en septiembre de 2025, dijo en una mesa de debate que “había recibido una cucharada de su propio chocolate”, lo que desató el enojo de Landau.
También fue el caso de Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, que en junio de 2025, apoyó las protestas migratorias en sus redes sociales donde escribió “Viva la raza y metanse mi visa por el cu**”, publicación que fue calificada por Landau de “vulgar” y le advirtió que le retiraría la visa. Después se confirmó que Cornejo no contaba con el documento.
Mientras el gobierno estadounidense sostiene que las revocaciones forman parte de una revisión más amplia y que las decisiones se toman caso por caso, en México la cancelación de visas a personajes políticos ha generado cuestionamientos, acusaciones y lecturas políticas que van más allá de la situación migratoria de cada afectado.
