Crimen organizado se viste de empresario y se infiltra en al menos 50 giros comerciales de México

El crimen organizado en México ya no sólo trafica drogas, extorsiona o disputa territorios, también financia empresas, se convierte en socio, controla cadenas de distribución y utiliza negocios legales para lavar dinero, desde bares, hoteles, casinos y gasolineras hasta lavanderías, mueblerías, barberías, tortillerías, tequileras, perfumerías y máquinas tragamonedas.

Una investigación realizada por Alejandra Canchola, Max Aub y corresponsales de El Universal identificó al menos 50 giros comerciales y de servicios donde grupos criminales han encontrado mecanismos para insertar recursos ilícitos en la economía formal, con patrones particularmente visibles en nueve estados del país.

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En entrevista para Político Mx, Alejandra Canchola detalló que el trabajo periodístico fue construido a partir de información recabada por corresponsales en distintas entidades y del análisis con especialistas en seguridad, con la intención de seguir el rastro de un fenómeno que va más allá de la creación directa de empresas por parte de los cárteles.

Son organizaciones que aparecen como inversionistas, prestamistas, proveedores o socios de negocios que continúan funcionando aparentemente dentro de la legalidad.

“Encontramos que al menos en nueve estados, digo, sabemos que el crimen organizado está en todo el país metido, pero al menos en nueve estados es muy transparente la manera en la que el crimen organizado ya se ha incursionado en negocios legales, en negocios donde sí hay competencia, donde hay regulación (...) encontramos al menos 50 negocios legales en donde está ya incursionando el crimen organizado y donde se está lavando dinero”, afirmó.

Del entretenimiento a los pequeños negocios

Explicó que la penetración no sigue el mismo patrón en todo México. En los estados de la frontera norte encontraron una presencia importante en el sector del entretenimiento, particularmente bares, restaurantes y casinos, mientras que hacia el centro y sur aparecen negocios de servicios como barberías, lavanderías y tortillerías. A esta lista se suman hoteles, agencias de viajes, tiempos compartidos, estacionamientos y servicios de valet parking.

La investigación también cruza los giros comerciales con las zonas donde operan distintas organizaciones criminales.

Alejandra Canchola señala una presencia extendida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no únicamente en Jalisco, sino en regiones del norte y sur del país, además de ramificaciones criminales en Tamaulipas, Nuevo León y el norte de Veracruz, mientras que en Sinaloa la investigación identifica al Cártel de Sinaloa como uno de los principales actores detrás de este modelo de penetración económica.

Uno de los fenómenos que describe el trabajo es la utilización de organizaciones criminales como una especie de franquicia. Sostiene que grupos locales surgidos de la fragmentación de antiguos cárteles pueden utilizar el nombre y la protección de organizaciones de mayor tamaño para desarrollar sus propias actividades.

“No en todos los estados es tal cual el Cártel Jalisco como la organización que se conoce a nivel nacional, sino pequeñas organizaciones que se formaron a partir de la dinamitación de otros cárteles (...) van formando ellos sus propias organizaciones, reinvierten este dinero del crimen en otros negocios y se compran el nombre de la franquicia del Cártel Jalisco Nueva Generación, y es con esa marca con la que empiezan a operar sus negocios”.

Cárteles se convierten en financiadores y socios

Pero el mecanismo no necesariamente implica que un integrante del crimen organizado aparezca como propietario de una empresa. La investigación encontró otra vía: prestar dinero a empresarios con problemas de liquidez, financiar nuevos proyectos o aportar capital a cambio de una participación en las ganancias, lo que permite introducir recursos de origen ilícito dentro de negocios que ya operaban legalmente.

“Los cárteles funcionan a veces no como los propios empresarios, sino como financiadores de personas que quieren invertir o personas que llegan a una crisis en su negocio, y ellos dicen, bueno, yo te presto a cambio de que se pueda blanquear ahí mi dinero, o sabes que yo te lo financio a cambio de que cierto porcentaje de tus ganancias venga para acá y me vuelvo tu socio legal”.

Ese esquema también fue localizado en actividades agrícolas.

En Michoacán, Canchola precisó que la investigación no encontró elementos para afirmar que organizaciones criminales estén directamente incrustadas en asociaciones de productores de aguacate o limón, aunque sí detectaron financiamientos cuya procedencia resulta irregular para actividades como la siembra y la cosecha.

La periodista subrayó que productores y pequeños empresarios requieren capital para mantener sus actividades y que las dificultades para obtener créditos pueden abrir espacio a otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, también reconoció que la investigación no permite determinar en todos los casos si quienes reciben esos recursos saben de dónde provienen.

“No sabemos si los productores o si las personas que lo trabajan saben de dónde viene este financiamiento, pero sí que ha habido financieras un poco ahí irregulares (...) respecto a que estén directamente involucrados en esas organizaciones de distribución, no, pero tan solo en el financiamiento, para hacer que la cosa camine, sí están involucrados, directa o indirectamente”.