Sinaloa cambió 3 veces de partido, pero ningún gobierno tocó la estructura del narco

Durante los últimos tres sexenios, Sinaloa ha vivido tres alternancias políticas que prometieron cambiar el rumbo del estado.

Primero terminó la hegemonía del PRI con la llegada del PAN; después el tricolor recuperó el poder; y finalmente Morena asumió la gubernatura bajo el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, los cambios de partido no lograron alterar un fenómeno que permaneció constante: la presencia e influencia del crimen organizado.

Cada transición estuvo acompañada de discursos sobre el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la recuperación de la seguridad. Sin embargo, las organizaciones criminales aún mantienen su capacidad para controlar territorios, rutas de trasiego y economías ilícitas, incluso mientras cambiaban los gobiernos estatales.

Para especialistas en seguridad, la historia reciente de Sinaloa demuestra que las alternancias electorales modificaron a los actores políticos, pero no las estructuras que durante décadas permitieron la consolidación del narcotráfico.

“Las alternancias cambiaron quién gobernaba, pero no necesariamente modificaron las condiciones que permitieron al crimen organizado consolidarse en Sinaloa. Las estructuras criminales demostraron una enorme capacidad para adaptarse a los cambios políticos”, señala Víctor Manuel Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas por el CIDE.

Por su parte, la politóloga Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Schar School of Policy and Government de la Universidad George Mason, menciona que el problema no solo rebasa a un solo partido político, sino responde a una red de intereses que permanece vigente.

“No importa qué partido llegue; el cambio es de personas, pero las estructuras permanecen. La protección política, la corrupción y la impunidad continúan alimentando un sistema donde participan actores políticos, económicos y criminales”, sostiene la especialista.

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El Cártel de Sinaloa y los cambios de gobierno

La historia reciente del estado no puede entenderse como una sucesión de elecciones aisladas, sino como un largo relato donde la reconfiguración del crimen y la política corrieron de la mano.

El mapa criminal que hoy conocemos comenzó a dibujarse a finales de la década de los años 80, cuando la caída del Cártel de Guadalajara dio paso a la llamada Federación, encabezada por Ismael “el Mayo” Zambada, Joaquín “el Chapo” Guzmán y Héctor “el Güero” Palma.

Mientras este grupo expandía sus redes internacionales bajo la tutela del viejo PRI estatal, el descontento ciudadano creció hasta desencadenar, en 2010, un hito histórico: la llegada al poder de Mario López Valdez, impulsado por una alianza entre el PAN, PRD y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Sin embargo, el triunfo electoral se vio inmediatamente ensombrecido por la violencia. El cambio de gobierno coincidió con la fractura entre el Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva, tras la captura del “Mochomo” y el asesinato de Édgar Guzmán López, hijo del “Chapo”, sumado al despliegue de la guerra contra el narco del entonces presidente Felipe Calderón.

Aunque la llegada de otro partido representó un cambio histórico en la política sinaloense, para Sánchez Valdés el caso demuestra que las organizaciones criminales fueron capaces de sobrevivir a la alternancia y reacomodar sus estructuras sin perder su influencia sobre el territorio.

“Cambiar de partido puede renovar gobiernos, pero no desmonta por sí mismo las redes criminales. Para eso se requieren instituciones sólidas, policías profesionales y una política sostenida contra las finanzas del crimen organizado”, explicó.

El regreso del PRI y la “pax narca”

Los años de enfrentamientos abrieron la puerta al regreso del PRI. En 2017, Quirino Ordaz Coppel ganó las elecciones y los primeros años de su gestión transcurrieron bajo una aparente calma. De acuerdo con especialistas, este periodo fue conocido como ‘pax narca’, debido a que había un escenario de aparente estabilidad y pacificación, donde descendían algunos indicadores de violencia.

Aquella aparente estabilidad colapsó la tarde del 17 de octubre de 2019, cuando un operativo federal para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, derivó en una ola de bloqueos, enfrentamientos y ataques armados que paralizaron la capital sinaloense.

Tras la ola de violencia, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán López, “el Ratón”, para evitar una escalada mayor.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese presunto delincuente. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas”, dijo en su momento el exmandatario.

Ese episodio, conocido como el “Culiacanazo”, marcó un antes y un después en la entidad, pues demostró la capacidad de reacción del Cártel de Sinaloa y expuso a la propia organización criminal ante la comunidad internacional.

“El mundo entero puso los ojos sobre Sinaloa y sobre el Cártel de Sinaloa. Hay muchas más preguntas que respuestas sobre quiénes fueron realmente los actores involucrados y qué intereses confluyeron ese día”, explicó Guadalupe Correa.

Tras esa crisis, la especialista señaló que el “Culiacanazo” continúa rodeado de interrogantes y consideró que aún existen responsabilidades políticas y operativas que no han sido esclarecidas.

Sostuvo que sería necesario conocer el papel que desempeñó Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al afirmar que pudo haber existido una falta de coordinación con la Presidencia, además de no descartar la posible intervención de actores externos o incluso de agencias de seguridad extranjeras.

“El ‘culiacanazo’ fue un caso muy peculiar, donde todavía tenemos más preguntas que respuestas. Habría que preguntarle al actual gobernador de Sonora, entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Visualmente nos podría hacer pensar en un paramilitarismo criminal o incluso estados externos”.

Morena, la tercera alternancia

La llegada de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa en noviembre de 2021 representó la tercera alternancia política y el arribo de Morena al estado.

Su administración inició bajo el discurso de consolidar la estrategia federal de seguridad basada en la coordinación entre fuerzas federales y estatales.

Sin embargo, el escenario cambió de manera drástica el 25 de julio de 2024, cuando Ismael “el Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos en un operativo cuya legalidad y circunstancias siguen siendo motivo de controversia entre México y EUA.

La captura del líder del Cártel de Sinaloa provocó una fractura interna en la organización criminal, desatando una disputa entre las facciones de “los Chapitos” y “los Mayos” por el control de territorios, rutas de trasiego y estructuras financieras.

En ese episodio también ocurrió el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue en una carta pública donde “el Mayo” Zambada relató que Cuén fue asesinado en ese mismo sitio y a la misma hora en que el capo fue secuestrado por Joaquín Guzmán López para ser llevado a Estados Unidos.

Para Sánchez Valdés, la crisis de inseguridad y violencia en el estado evidenció que el relevo político no modificó la capacidad de adaptación del crimen organizado a pesar de los cambios al interior del Cártel de Sinaloa.

“La captura de un liderazgo tan importante alteró el equilibrio interno del grupo criminal. Cuando eso ocurre, normalmente aparecen disputas por el control de territorios y mercados ilegales. Es una dinámica que hemos visto en distintos momentos del país”, explica el investigador.

El 29 de abril de este año, el mandatario estatal, junto con el senador Enrique Inzunza y otros 7 funcionarios y exfuncionarios, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con la facción de “los Chapitos”.

Rocha Moya se encuentra actualmente como gobernador con licencia para hacer frente a las acusaciones, mientras que, tras dos años de proceso, “El Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua en una corte de Nueva York.

Cambiar de partido no basta para romper el ciclo criminal

Para ambos especialistas, la experiencia de Sinaloa demuestra que las alternancias políticas, por sí solas, no modifican las condiciones que favorecen el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

Sánchez Valdés sostiene que es indispensable atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, desde las redes de extorsión hasta el lavado de dinero y los narcolaboratorios, con el objetivo de reducir su capacidad operativa y de corrupción.

Por su parte, la politóloga Guadalupe Correa señala que la lucha al combate a la corrupción y la impunidad tendría que ser clave para mejorar las condiciones de seguridad. Además sostiene que debe haber una depuración a las estructuras del crimen organizado que operan en las filas del poder político y económico.

“Tendría que romperse toda esa inercia. Se necesita un combate real a la corrupción, a la impunidad y a las estructuras criminales que operan desde distintos niveles del poder político y económico”, concluye Correa-Cabrera.

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A casi dos décadas de la primera alternancia y después de tres cambios de partido en el gobierno estatal, Sinaloa mantiene el mismo desafío de fondo: contener organizaciones criminales que han demostrado sobrevivir a los relevos políticos, adaptarse a nuevas circunstancias y conservar influencia sobre buena parte de la vida pública del estado.

El estado será una de las 17 gubernaturas que cambiará de gobierno en los comicios del 2027.