
Frente a las versiones sobre presuntas investigaciones en México y Estados Unidos, diversos funcionarios no se encuentran bajo investigación por la FGR - Foto: Cuartoscuro
La FGR acumula expedientes y señalamientos de interés público sin resolución que involucran a figuras de la 4T como Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Rubén Rocha Moya, generando cuestionamientos sobre su autonomía

La Fiscalía General de la República (FGR) fue creada como un órgano autónomo para investigar y perseguir delitos federales, pero durante los gobiernos de la Cuarta Transformación su actuación ha estado marcada por cuestionamientos sobre la independencia con la que se han conducido sus titulares.
En los últimos años, la institución ha tenido dos fiscales generales: Alejandro Gertz Manero, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y Ernestina Godoy, ya con Claudia Sheinbaum en la presidencia.
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La gestión de Gertz Manero estuvo acompañada de críticas por presuntos choques internos, decisiones sobre expedientes de alto impacto y cuestionamientos sobre el ritmo de algunas investigaciones. Su salida, ocurrida a finales de 2025, también estuvo rodeada de señalamientos sobre la relación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo.
Ahora, la gestión de Ernestina Godoy, también ha generado cuestionamientos sobre la autonomía de la institución, por su cercanía política con la presidenta Sheinbaum, ya que fue fiscal de la Ciudad de México durante su gobierno y posteriormente consejera jurídica de la presidencia.

Pero una de las polémicas más visibles en la gestión de Godoy, son los casos que tienen que ver con personas cercanas a la 4T, debido a que existen denuncias formales que hasta ahora no han derivado en una imputación pública; continúan con una investigación abierta; o hasta la propia Fiscalía ha negado la existencia de carpetas de investigación en su contra.
La relación política de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de ‘La Barredora’, quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco, ha provocado cuestionamientos hacia la FGR en referencia al exgobernador.
La Fiscalía ha dicho que Adán Augusto no ha sido citado porque hasta ese momento no existía una vinculación directa en su contra en la investigación, por lo que las autoridades centraron las diligencias en el entonces titular de seguridad del estado.
El caso tomó una nueva dimensión en 2026, tras una publicación de El Universal, luego de que se documentara que un empresario socio de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, financió con 189 mil pesos nueve actos de la precampaña presidencial de Adán Augusto en 2023.

Así, el caso reúne los señalamientos sobre los vínculos de Bermúdez Requena con ‘La Barredora’, su paso por el gobierno de Adán Augusto y los nexos empresariales y financieros que han sido reportados, no equivalen por sí mismos a una imputación penal contra el senador.
Además de que hasta ahora la FGR no mantiene ninguna investigación contra el senador morenista, hecho que la presidenta incluso confirmó hace unas semanas al hablar en una mañanera sobre las investigaciones por huachicol fiscal.
“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía, la Secretaría Anticorrupción investiga a quien es o haya sido servidor público y en el caso del senador Adán Augusto, él fue secretario de Gobernación y hasta donde tengo conocimiento no hay ninguna investigación”, dijo la mandataria.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado en distintas investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con negocios relacionados con el contrabando de combustible, huachicol fiscal. Así como por las actividades de empresarios de su círculo cercano.
Uno de los principales señalamientos surgió alrededor de Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada a Jorge Amílcar Olán, amigo de Andy, que aparece en investigaciones periodísticas sobre operaciones de combustible.
El nombre de López Beltrán también apareció en documentos judiciales relacionados con el caso de los hermanos Farías Laguna, investigados por una red de contrabando de combustible. Incluso, un testigo colaborador hizo referencia al “hijo del presidente”.

Sin embargo, la FGR ha sostenido públicamente que no existe una investigación en contra de López Beltrán por huachicol fiscal. En agosto, la Fiscalía negó que contara con testigos protegidos que hubieran declarado contra él y señaló que no había elementos para abrir una indagatoria.
El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy volvió a ser cuestionada sobre la situación jurídica de López Beltrán y negó que existiera una orden de aprehensión o una investigación en su contra.
A estos señalamientos se sumó la revocación de su visa estadounidense en agosto de 2026. La medida fue reportada en medio de las versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, pero no se ha presentado una resolución oficial que establezca que la cancelación de la visa haya sido consecuencia de una investigación penal contra López Beltrán.
Aunado a esto la presidenta a principios de septiembre confirmó que ni ‘Andy’ López Beltrán ni Adán Augusto López son investigados por la FGR por los casos de huachicol fiscal.
En Sinaloa, el escenario es diferente. Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza han sido señalados en acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora, la única acusación formal con orden de extradición fue realizada en abril de 2026 por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno de México, señaló que la acusación carece de pruebas, por lo que la FGR mantiene el caso bajo investigación, pese a ello, no ha habido avances en las diligencias.
El 25 de agosto, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la FGR continúa con las investigaciones.
“La fiscalía pues está en su investigación y ya la fiscalía tendrá que determinar de las 10 personas que se mencionaron si hay algo particular en contra del gobernador o del exgobernador Rocha o del gobernador con licencia Rocha o no, pero sí hay investigación”, dijo.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública, han sido mencionados en señalamientos relacionados con el huachicol fiscal, aunque sus situaciones son distintas y no existe, con la información pública disponible, una acusación penal formal en su contra por este delito.
En el caso de Villarreal, legisladores de oposición presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se investigaran presuntos vínculos con operaciones de contrabando de combustible.
El gobernador ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que no existe una investigación formal en su contra.
Mario Delgado también ha sido objeto de acusaciones relacionadas con el financiamiento de campañas y presuntas operaciones vinculadas al contrabando de combustible.
Incluso, Mario López Hernández, diputado federal del Partido Verde, señaló a Mario Delgado, y al gobernador Américo Villarreal, de estar presuntamente vinculados a redes de huachicol.
Sin embargo, la FGR no dado a conocer si el gobernador de Tamaulipas o al secretario de Educación Pública se encuentran bajo investigación, ni ha dado ninguna postura sobre sus casos.
El nombre de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apareció en el proceso contra sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna por su posible participación como testigo.
La defensa de los acusados solicitó que el almirante en retiro compareciera dentro del proceso, pero esto no implica que enfrente una investigación penal de la FGR.
Sin embargo, la Fiscalía informó que intentó localizar a Ojeda Durán para notificarle el citatorio correspondiente, sin que hasta ese momento hubiera logrado encontrarlo. La diligencia estaba relacionada con su posible comparecencia como testigo y no con una imputación en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la propia FGR han sostenido que Ojeda Durán no está prófugo ni enfrenta una carpeta de investigación por el caso de huachicol fiscal. Su nombre aparece en el expediente por la solicitud de la defensa para que declare sobre hechos relacionados con la investigación.
Hasta ahora, el punto central del expediente es que Ojeda Durán aparece como una persona solicitada por la defensa, más no como un acusado dentro del proceso contra los hermanos Farías Laguna.

Baja California reúne un escenario distinto, con investigaciones mexicanas y estadounidenses que involucran a figuras del gobierno estatal y a políticos que buscan competir por la gubernatura en 2027.
En el caso de Julieta Ramírez, senadora con licencia y aspirante a la gubernatura, N+ reportó la existencia de un proffer agreement con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionar información.
En ese contexto, la senadora Julieta Ramírez rechazó los señalamientos y calificó el caso como una “guerra sucia”.
La investigación solo se mantiene con fines periodísticos. La FGR, por su parte, no se pronunciado o ha notificado si investiga el presunto acuerdo de colaboración de la senadora con autoridades de Estados Unidos.