Prohibir el efectivo

Le llaman la Ley de Economía Digital, pero es más bien el esfuerzo de un gobierno que pregona el lema de “Prohibido prohibir” para prohibir o restringir los pagos en efectivo.

Entiendo la importancia de digitalizar la economía. El nuestro es uno de los países del mundo que más utilizan el efectivo. En parte es consecuencia de una economía informal que se extiende al 56 por ciento de las personas con actividad económica, pero también de un sistema bancario burocrático e ineficiente.

El 80 por ciento de las transacciones en México se siguen realizando con efectivo. En España la cifra es de 57 por ciento, aunque solo de los pagos en puntos de venta y en transacciones cotidianas. En Argentina, aunque hay un proceso acelerado de digitalización, el efectivo se utiliza en 52 por ciento de las transacciones. En Brasil es el 40 por ciento. En Estados Unidos la cifra baja a solo 16 por ciento.

La razón principal del alto uso de efectivo en México es la evasión fiscal. La desconfianza del pueblo bueno y sabio hacia el gobierno es enorme. La mayoría de los mexicanos considera que el gobierno se roba el dinero de los impuestos o lo malgasta. Piensa, además, que no recibe servicios públicos suficientes para compensar el pago de impuestos. Muchos comercios y proveedores de servicios ofrecen a sus clientes un precio completo, con 16 por ciento adicional de IVA, para el que aceptan tarjetas de débito o de crédito, o un costo sin IVA, y a veces con un descuento adicional, para pagos en efectivo.

La nueva Ley de Economía Digital fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados con el voto disciplinado de Morena y de sus aliados y ante el rechazo de la oposición. Sus objetivos son incrementar los pagos digitales con tecnologías como SPEI, códigos QR, pagos con celular (Dimo) y transferencias sin contacto (NFC); facilitar la apertura de cuentas con celular; reconocer la CURP digital como identificación de confianza para contratar servicios financieros; y establecer un expediente digital ciudadano que tenga tanta validez jurídica como los documentos físicos.

Algunos aspectos de la iniciativa son positivos. Una de las peores consecuencias de la reglamentación bancaria desde que comenzó la guerra contra el lavado de dinero ha sido la dificultad de abrir cuentas. Las nuevas reglas, nos dicen, harán mucho más fácil abrir cuentas pequeñas, de hasta 130 mil pesos.

Preocupa, sin embargo, que la digitalización forzada pueda sacar de la actividad económica a millones de personas que, por edad o por falta de instrucción, no puedan manejar los dispositivos digitales. El problema puede agravarse ahora que el gobierno ha prohibido los teléfonos en las escuelas. Más inquietante es que la ley dará enormes poderes discrecionales a la Secretaría de Hacienda para prohibir el uso de efectivo en los campos que quiera.

De momento, la presidenta Sheinbaum ha dicho que la prohibición se aplicaría solo en gasolineras y casetas de peaje, pero la ley le da a Hacienda la facultad de eliminarlo en cualquier actividad. Esto podría despojar a millones de mexicanos, los más pobres, del derecho de viajar en autopistas o de comprar gasolinas. Quizá esto favorecería el consumo del huachicol, que sería el único combustible que se podría comprar en efectivo.

Es positivo que el gobierno esté buscando una mayor digitalización del sistema de pagos, pero el camino no debe ser la prohibición autoritaria, sino la creación de sistemas de pago más accesibles para todos.