
Los lineamientos sobre los derechos de Audiencias genera alertas ante la posible censura y atentados a la libertad de expresión. - Foto: Cuartoscuro
Sergio Sarmiento señala que el pueblo tiene plena capacidad para decidir qué le gusta o le interesa ver o escuchar en radio o televisión.

Confrontada por una creciente avalancha de críticas a unos “lineamientos” que supuestamente solo buscan la protección de los “derechos de las audiencias”, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a negar en repetidas ocasiones que estos violan la libertad de expresión.
“Esto es falso, absolutamente falso –ha declarado--. No hay censura ni va a haber censura… Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”.

Detrás de esta afirmación, sin embargo, se esconde un profundo desprecio por el pueblo bueno y sabio.
Quienes ven o escuchan contenidos en los medios de comunicación defienden constantemente sus derechos, pero no necesitan a un “servidor de la nación” o a un “defensor de las audiencias” que los guíe en sus decisiones. Cuando a una persona no le gusta un programa, simplemente cambia a otro.
La libertad de decisión de los públicos es hoy mucho más amplia de lo que era que en el pasado. Hubo un tiempo en que un par de empresas ofrecían las únicas opciones para el telespectador.
Hoy la tecnología ha permitido aumentar los canales de televisión abierta a través de la multiplexación de señales; los servicios de televisión de paga ofrecen cientos de canales adicionales; las plataformas de internet y las aplicaciones multiplican estas opciones de manera muy importante.
El gran reto hoy para un televidente es seleccionar entre decenas o cientos de opciones, pero gracias a que el pueblo es, efectivamente, sabio, tiene plena capacidad para decidir qué le gusta o le interesa ver o escuchar en radio o televisión.
El desprecio de los políticos de la 4T por el pueblo es enorme. No piensan que la gente puede tener la suficiente inteligencia para decidir qué quiere ver u oír. Si un ama de casa opta por una telenovela que la emociona, la acusan de haber sido mediatizada por los intereses comerciales de algún importante consorcio.

Si prefiere ver un noticiario independiente, uno de esos que presenta los problemas reales que ella experimenta, como la violencia, la falta de servicios, la carencia de medicamentos y las inundaciones constantes, la acusan de dejarse controlar por los traidores a la patria.
Los políticos resuelven el problema, que en realidad es de ellos y no del pueblo, diciendo que esta mujer necesita a un “defensor de las audiencias” para que solo se le permita ver o escuchar los programas que ellos consideran adecuados para ella. Están convencidos de que el pueblo bueno y sabio no tiene capacidad para decidir por sí solo.
Emitir “lineamientos” obligatorios para los medios, filtrar los contenidos, permitir que solo se divulguen aquellos que el gobierno considera adecuados, impedir que se den a conocer las informaciones que el régimen considera incómodas, dar a funcionarios y burócratas la facultad de decidir qué información debe ser considerada falsa o verdadera, y sancionar con multas exorbitantes a las emisoras de radio o televisión que no acepten estas órdenes de arriba, es una nueva forma de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
La censura es censura, aunque el censor diga que no lo es.