De acuerdo con los datos preliminares del Inegi, en 2025 México registró 8 mil 709 muertes por suicidio, una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes.
En México ya nos enseñaron a respirar profundo. Ahora falta que nos digan cómo hacerlo cuando tenemos el agua hasta el cuello.
¿Tienes ansiedad? Respira. ¿Estás agotado? Descansa. ¿Te sientes rebasado? Aprende a gestionar tus emociones.
Maravilloso.
Ahora intentemos hacer todo eso con un sueldo que no alcanza, tres horas de transporte público y una cita con el especialista que no consigues. Y ojo, no es que aprender a identificar nuestras emociones esté mal. Todo lo contrario.
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El problema empieza cuando confundimos una campaña de concientización con una política pública de salud.
Mientras las autoridades hablan de construir comunidades que cuidan, impulsan programas como Vida Plena, Corazón Contento e inauguran centros de atención emocional, hay una pregunta bastante menos cómoda:
¿Quién cuida a quienes ya no pueden más?
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, ha reconocido que la violencia, la desigualdad, la discriminación y la falta de redes de apoyo afectan nuestra salud mental.
Y tiene razón. Pero entonces, ¿por qué seguimos hablando del bienestar emocional como si dependiera exclusivamente de nuestra capacidad para mantener la calma?
Porque nombrar la ansiedad no paga la renta. Respirar profundo no reduce tu jornada laboral. Y aprender a gestionar tus emociones no sustituye una consulta médica.
Las cifras muestran por qué esta discusión no puede quedarse en los buenos consejos.
De acuerdo con los datos preliminares del INEGI, en 2025 México registró 8 mil 709 muertes por suicidio, una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Entre las personas de 15 a 29 años, la tasa fue de 10.2, la más alta entre los grupos de edad.
No son números para utilizarlos como argumento de ocasión. Detrás de cada uno hay una persona, una familia y una historia que no conocemos por completo.
Tampoco podemos reducir el suicidio a una sola causa. Es un fenómeno complejo en el que intervienen factores individuales, clínicos y sociales.
Precisamente por eso, la prevención y la atención necesitan mucho más que campañas.
En la Ciudad de México, entre 2024 y julio de 2026, la Fiscalía capitalina registró 175 casos de suicidio e intentos de suicidio entre jóvenes de 12 a 29 años en Iztapalapa, según información obtenida mediante transparencia y publicada por La Razón.
En 2024 fueron 64 casos; en 2025, 78; y entre enero y julio de 2026 se registraron otros 33.
Estas cifras no permiten afirmar, por sí solas, que la pobreza explique los casos ni que Iztapalapa tenga la tasa más alta de riesgo. Para eso necesitaríamos conocer las tasas por población y analizar otros factores.
Pero sí plantean una pregunta urgente: ¿qué tan accesibles son los servicios de salud mental para quienes enfrentan una crisis?
Porque reconocer un problema no significa tener la capacidad de atenderlo.
Y mientras tanto, llevamos años escuchando que debemos aprender a gestionar el estrés, poner límites, dormir ocho horas, hacer ejercicio, desconectarnos del celular y encontrar tiempo para nosotros.
Todo suena bastante razonable.Hasta que intentas explicárselo a alguien que trabaja diez horas, pasa otras tres en el transporte público, tiene hijos que cuidar y apenas llega a fin de mes.
¿A qué hora exactamente se supone que debe hacer todo eso?
Según el informe State of the Global Workplace 2026, de Gallup, el 41% de los trabajadores encuestados en México reportó haber experimentado mucho estrés durante el día anterior.
No hablamos de un diagnóstico clínico, sino de un indicador del desgaste que experimentan los trabajadores.
Y aunque el estrés no siempre deriva en un trastorno mental, tampoco podemos seguir tratándolo como si fuera una condición inevitable de la vida adulta.
Mucho menos cuando hablamos de las mujeres.
Porque además del trabajo remunerado, muchas siguen asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado: atender a los hijos, acompañar a familiares enfermos, organizar la casa y resolver los pendientes de todos.
Y cuando finalmente terminan de ocuparse de los demás, todavía se espera que encuentren tiempo para ocuparse de sí mismas.
Como si el autocuidado fuera otra tarea que tenemos que cumplir antes de dormir.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona reconoce que necesita ayuda profesional?
El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha la estrategia Vida Plena, Corazón Contento y ha anunciado nuevos Centros de Cuidado de las Emociones.
Y sería injusto decir que no se está haciendo nada.
En mayo de 2026, la Secretaría de Salud capitalina informó que su estrategia había alcanzado a cerca de un millón 150 mil estudiantes y docentes, además de más de 100 mil responsables de crianza.
También reportó el acompañamiento de 579 emergencias emocionales y señaló que sus intervenciones contribuyeron a prevenir 150 casos de suicidio.
Son resultados reportados por la propia dependencia que merecen seguimiento y evaluación.
Pero hay una diferencia que no podemos perder de vista: llegar a una persona con actividades de prevención no equivale a garantizarle atención clínica cuando la necesita.
Porque hay quienes requieren psicoterapia, valoración psiquiátrica, medicamentos, seguimiento especializado o atención inmediata ante una crisis.
Y ahí las preguntas cambian.
¿Cuánto tarda una persona en conseguir su primera consulta? ¿Cuántos especialistas están disponibles? ¿Cuántos pacientes abandonan su tratamiento porque no encuentran citas, porque no pueden pagar sus medicamentos o porque el centro de atención les queda demasiado lejos?
Inaugurar un centro es una noticia. Garantizar que una persona reciba atención y pueda continuar su tratamiento es una política pública.
Y para saber si esa política funciona necesitamos algo más que cifras de asistencia a talleres.
Necesitamos conocer el presupuesto, la capacidad de atención, el personal contratado, los tiempos de espera y los resultados.
Porque si queremos saber qué tan en serio se está tomando la salud mental, hay que mirar dónde se pone el dinero. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto federal propuesto para salud mental en 2026 representaba 13.8% menos recursos, en términos reales, que los ejercidos en 2024.
Esos recursos equivaldrían a apenas 1.5% del gasto conjunto de la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, lejos del referente internacional de 5% señalado en el estudio.
Es decir, reconocemos que la salud mental es una prioridad, pero la inversión sigue muy por debajo de ese referente.
Para hablar de salud mental hay presupuesto. El problema es cuánto destinamos a atenderla.
Y no se trata de exigir que desaparezcan las campañas o los programas de prevención. Se trata de entender que, sin recursos suficientes para sostener los servicios clínicos, la promesa de atención se queda corta.
Porque también hay una desigualdad que rara vez aparece en las fotografías de las inauguraciones.
Quien tiene dinero puede buscar un psicólogo privado, consultar a un psiquiatra y, si el primero no tiene disponibilidad, buscar otro.
Quien no tiene recursos depende de los servicios públicos, de sus horarios, de la disponibilidad de especialistas y de que exista una unidad a la que realmente pueda llegar.
Hasta para pedir ayuda, el dinero hace una diferencia.
Y no, esto no significa que el bienestar emocional dependa exclusivamente del gobierno.
Las familias, las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades también tienen responsabilidades.
Pero tampoco podemos convertir esa responsabilidad compartida en una excusa para que el Estado se limite a repartir consejos.
Porque hay una diferencia enorme entre promover el autocuidado y trasladarle a cada persona toda la responsabilidad de su salud mental.
Después de tantos discursos sobre la importancia de expresar lo que sentimos, quizá llegó el momento de hacer una pregunta bastante más concreta:
¿De qué sirve que nos enseñen a pedir ayuda si, cuando finalmente nos atrevemos a hacerlo, no hay quién nos atienda?
Porque México ya aprendió a hablar de sus emociones.
Ahora falta que el sistema de salud aprenda a responder.
