
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue señalada de persecución política por la detención de César Jáuregui, uno de sus colaboradores de antaño - Foto: Cuartoscuro y Facebook
La detención del exfiscal César Jáuregui por el caso del narcolaboratorio con agentes de la CIA no solo activó un expediente federal por traición a la patria, sino que provocó una rebelión interna en el PAN.

Chihuahua vuelve a estar en la mira a nivel nacional. Durante el fin de semana, el exfiscal general del Estado, César Jáuregui fue detenido dos veces por el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en El Pinal, y en el que participaron agentes de la CIA.
Las acciones judiciales lo señalan como el responsable directo de haber involucrado a los agentes en el operativo sin avisar ni recibir el permiso del Gobierno Federal, desatando una crisis política entre la Federación y el gobierno de María Eugenia Campos.
Pero ahora, el caso es distinto. Los panistas vieron en la detención un motivo político, pero del cual estaría detrás la gobernadora, cercanísima de Jáuregui, que se explicaría por los intereses electorales y una presunta negociación con el gobierno federal.

Jáuregui Moreno fue detenido durante la mañana del sábado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Los delitos que se le adjudicaron son ejercicio ilegal del servicio público y coalición derivado del operativo realizado en la Sierra Tarahumara para desmantelar narcolaboratorios en abril de este año.
La orden de detención se libró el 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega.

Durante la primera audiencia de Jáuregui, un juzgador negó dictar prisión preventiva y ordenó que el exfuncionario llevara a cabo su proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y presentación periódica ante las autoridades.
Minutos después de concluida la audiencia, en la madrugada del domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) se hizo presente y ejecutó su propia orden de aprehensión.
De acuerdo con la titular de la Institución, Ernestina Godoy, se le ubica como el principal responsable del operativo “irregular” ya que el gobierno federal es el único que puede dar potestades a autoridades extranjeras, por lo que habría incurrido en el delito de traición a la patria.
Destacó además que el operativo se hizo sin aperturar carpeta de investigación, sin las atribuciones correspondientes y ocultó información a la Federación avisando posterior al operativo y de forma indebida: “Esto atenta en contra la soberanía y la integridad de la nación”, señaló la fiscal.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hay otras investigaciones abiertas en contra de Jáuregui “por su participación en otros temas”, aunque no dio más detalles.
Para la noche del lunes, la periodista Azucena Uresti compartió audios filtrados de Jáuregui Moreno durante su audiencia en los que dijo que la Fiscalía no cuenta con ninguna prueba que acredite su implicación y responsabilidad en la intervención de los agentes norteamericanos.
Señaló que ni los testimonios de 45 integrantes de la Fiscalía, mensajes de texto revisados, aparatos eléctricos entre otros medios, ninguno de ellos hacen referencia específica que “me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros”.
Además, sin entrar en muchos detalles, insinuó que en los hechos hay motivaciones políticas: “Debo señalar también, es inevitable: en este asunto hay un tufo desagradable a política”.
La detención no fue pasada por alto en la entidad y generó el descontento de la militancia panista. Una comitiva en la que estuvieron familiares y simpatizantes de Jáuregui Moreno, se presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para exigir la liberación del exfuncionario, pero también llamaron la atención los reclamos en contra de la gobernadora.
A la marcha asistió el exfiscal Luis Villegas Montes, quien acusó una persecución política y un acto de traición por parte de la gobernadora.
“Es una persecución política sin duda, es uno de los actos de traición más lesivos (...) el acto más vil y más mezquino en contra de un político”, declaró a medios.
Junto a Villegas también estuvieron figuras prominentes del PAN como el senador Mario Vázquez; el exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco; el exregidor Luis Terrazas Saldívar, quienes arroparon y refrendaron su apoyo a Angélica Moreno, esposa del detenido, quien calificó los hechos como una verdadera “aberración de la gobernadora”.
Ante el revuelo causado, la dirigente del partido a nivel estatal, Daniela Álvarez, señaló que Morena está haciendo un espectáculo con la detención y que hay motivaciones políticas detrás de la acción.
“Entiendo que es una situación muy complicada, pero hoy más que nunca es fundamental mantenernos unidos”.
Pero no fue lo único, pues Villegas Montes y la esposa de Jáuregui coincidieron en que hay algo más detrás de la detención: Campos querría truncar las aspiraciones de Jáuregui a la alcaldía de Chihuahua para las elecciones del 2027.
La detención no solo mostró el malestar de la militancia, sino el desgaste de una relación de colaboración de casi dos décadas entre María Eugenia Campos y César Jáuregui por dos cuestiones: las elecciones del 2027 y la controversia generada por el operativo de abril.
La colaboración entre los dos se ubica desde que coincidieron en la bancada del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del estado en el 2013 cuando Jáuregui fue coordinador y Maru la vicecoordinadora. En aquel entonces, la ahora gobernadora se refirió a él como su mejor amigo.
Los roles se invirtieron en el 2016, cuando el exfiscal coordinó las campañas de Campos Galván para la alcaldía de Chihuahua y posteriormente en el 2021 para la gubernatura.
Al ganar las elecciones, lo incorporó a su gabinete como secretario general de Gobierno hasta el 2023 cuando pasó a ser fiscal general del Estado, puesto en el que permaneció hasta el 27 de abril, cuando presentó su renuncia de la Fiscalía ante la polémica del operativo reconociendo que hubo omisiones.

Pese a esto, en julio, Jáuregui se inscribió al proceso interno del PAN para la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua, cosa que, de acuerdo con Villegas Montes, habría generado molestias en la gobernadora.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río este 19 de octubre, Villegas acusó que la detención es un acto político electoral para que Santiago de la Peña, actual secretario General de Gobierno estatal, sea elegido como candidato para la presidencia municipal de la capital.
“En realidad, se trata de un operativo de carácter político-electoral para poderle despejar el camino al delfín de la gobernadora”, señaló.
Pero las diferencias fueron más palpables cuando la gobernadora se deslindó del actuar de su colaborador en el caso de los agentes de la CIA.
En entrevista con Latinus el 14 de octubre, 3 días antes de su detención, la gobernadora responsabilizó al ahora exfiscal de los hechos.
Aseguró que no tuvo conocimiento de la implicación de la agencia estadounidense y dijo que actuó solo.
“Se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, dijo.
Desde abril, la presión fue grande para la panista, ya que Morena y el gobierno federal acusó a la gobernadora por traición a la patria y su partido cerró filas con ella. Ahora, sin embargo, desde el lado oficialista las acusaciones se han acallado.
Este viraje no solo tiene lugar tras la detención, se enmarca a su vez con la reunión privada entre Maru y la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 19 de septiembre para “limar asperezas”. Con esta, las dos refrendaron la necesidad de entablar diálogo y reforzar la cooperación. ”Era un encuentro necesario para ambos gobiernos, después de meses de diferencias sobre lo que estamos haciendo en materia de seguridad, desde Chihuahua (...) Le confirmé que mi Gobierno seguirá respetando la ley”, señaló en un posicionamiento.
De igual modo, este 19 de octubre desde la conferencia mañanera presidencial, Sheinbaum cambió el tono. Aseguró que las autoridades no cuentan con pruebas, por el momento, que relacionen a la gobernadora con el involucramiento de los agentes extranjeros. En cambio, el principal responsable del operativo, es el exfiscal.
“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara”, señaló.
De este modo Jáuregui se encuentra al centro de las acusaciones. Para colmo, el respaldo de la gobernadora también parece haberse desvanecido.
Este lunes por la tarde publicó en redes sociales su posicionamiento. A través de un video defendió el actuar de la Fiscalía estatal y que su administración actúa con estricto apego a la legalidad. Además, negó que haya persecución y se comprometió a cooperar con la FGR, mientras que no se cubrirá a ningún funcionario que se encuentre como responsable: “Nadie que sirva o haya servido en mi gobierno está por encima de la ley”.