
La ASF presentó en la Cámara de Diputados los resultados de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 - Foto: @Aureliano_HPC
La ASF presentó 40 denuncias penales por irregularidades e investiga contrataciones en el INE, Sinaloa y la UNAM, según la Cuenta Pública

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de la actual administración.
Las acciones legales derivan de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025.
Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, expuso los resultados ante la Cámara de Diputados. El organismo detalló investigaciones sobre contrataciones y operaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno de Sinaloa y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las denuncias penales corresponden a obras pagadas no ejecutadas, equipo médico no localizado y documentos apócrifos para simular obligaciones de seguridad social.
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Tres investigaciones se judicializaron mientras las auditorías continuaban en desarrollo. Además, la institución reportó nueve denuncias por prácticas de gestoría ilegal.
El organismo informó 60 promociones de comprobación fiscal notificadas al SAT y al IMSS sobre proveedores. Asimismo, la ASF confirmó el reintegro de más de 1,132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
En contraste, 42 municipios auditados no acreditaron el destino de más de 5 mil 200 millones de pesos.

En el ámbito electoral, la institución analiza a dos grupos empresariales que concentraron contrataciones públicas por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones corresponden a convenios con organismos electorales: 430 millones con el INE y 3 mil 360.3 millones con institutos electorales estatales.
La ASF precisó que estos montos corresponden a operaciones bajo análisis y no representan daño patrimonial acreditado.
En Sinaloa, el organismo indaga transferencias de contratos de obra pública hacia familiares de un funcionario y préstamos a un exfuncionario de finanzas.
De acuerdo con la investigación, la empresa habría registrado depósitos superiores a los derivados de su actividad de obra pública y realizado transferencias entre cuentas propias.

El esquema también identifica movimientos de recursos hacia dos personas físicas vinculadas con la empresa y posteriores pagos por millones de pesos a un exfuncionario del área de finanzas, registrados bajo el concepto de préstamo.
Respecto a la UNAM, la institución investiga posibles irregularidades en la plataforma tecnológica del examen de admisión.
La investigación contempla la posible participación de servidores públicos relacionados con los procedimientos de contratación y administración del servicio.

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Por primera vez, la ASF ejecutó el aseguramiento precautorio de servidores informáticos de una proveedora para preservar evidencia.
Para el seguimiento de recursos, el organismo reportó convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Antimonopolio. También anunció la creación de un registro de funcionarios que manejan presupuesto.