El INE no se arregla con una sopita de fideo

Hay algo que en México nos encanta hacer cada vez que una institución entra en crisis: buscar a quién sentar en la silla.

Cambiamos al presidente, al director, al funcionario incómodo. Nos peleamos por los nombres, revisamos sus amistades, sus afinidades políticas y hasta sus fotografías.

Y cuando finalmente alguien se va, respiramos tranquilos.

Problema resuelto. ¿O no?

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés, gracias al periodismo, nos coloca frente a una pregunta bastante más importante que quién ocupará su lugar:

¿De qué sirve cambiar a quien dirige una institución si las reglas que permitieron los problemas siguen exactamente igual?

Taddei pasó de rechazar las acusaciones y defender su permanencia a presentar su renuncia ante la Cámara de Diputados.

En su mensaje de despedida dejó una frase que, más allá de las circunstancias de su salida, merece atención: “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen”. Y tiene razón.

Pero para que las instituciones permanezcan, no basta con que sobrevivan al cambio de sus titulares y mucho menos por este tipo de acusaciones; se necesitan reglas, mismas que funcionen incluso cuando quienes las encabezan no las cumplan.

Porque ése es el punto de tener instituciones. Que no dependamos de encontrar funcionarios extraordinariamente honestos, competentes o inmunes a las presiones políticas para que el sistema funcione.

Y para entender por qué esto importa, vale la pena recordar de dónde venimos.

En 1988, México vivió una de las elecciones más controvertidas de su historia. La famosa caída del sistema se convirtió en símbolo de la desconfianza hacia un proceso electoral organizado bajo el control del gobierno.

Dos años después en 1990 nació el Instituto Federal Electoral.

Pero la transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue necesario modificar leyes, construir contrapesos y quitarle gradualmente al gobierno el control de las elecciones.

En 1996, el IFE alcanzó su plena autonomía frente al Poder Ejecutivo. No fue un regalo del poder. Fue el resultado de años de exigencias ciudadanas y de una lección bastante incómoda: en una democracia, no basta con que el gobierno prometa elecciones limpias. Necesitamos mecanismos para comprobarlo.

Por eso construimos un sistema electoral con procedimientos, vigilancia, representantes de partidos, funcionarios de casilla seleccionados entre ciudadanos y un servicio profesional especializado.

No porque todos sean sospechosos de antemano, sino porque ninguna democracia debería depender exclusivamente de la buena voluntad de sus autoridades.

Y aquí viene la ironía. Después de décadas construyendo un árbitro electoral que no dependiera del gobierno, seguimos discutiendo su futuro como si todo se resolviera encontrando a la persona correcta.

Como si bastara con cambiar de consejera presidenta para recuperar la confianza. Pero la confianza institucional no funciona así.

Pensemos en los señalamientos que rodearon la salida de Taddei, no solo si la sopita de fideo llevaba menudencias, o si es feliz con poco.

Las investigaciones sobre contrataciones y posibles conflictos de interés deberán determinar si existieron irregularidades, quiénes participaron y qué responsabilidades corresponden.

No podemos convertir una acusación en una sentencia. Pero tampoco podemos utilizar una renuncia como sustituto de una investigación.

Porque si hubo irregularidades, la pregunta no es solamente quién las cometió. Es cómo pudieron ocurrir, qué controles debían detectarlas y si esos controles funcionaron.

¿Quién autorizó los contratos? ¿Qué mecanismos existían para identificar posibles conflictos de interés? ¿Quién revisó las adjudicaciones? ¿Hubo alertas previas? ¿Se investigaron a tiempo? ¿Y qué se va a modificar para impedir que algo semejante vuelva a suceder?

Ésas son las preguntas que deberían acompañar la discusión sobre la nueva presidencia del INE.

Y no son menores. El Órgano Interno de Control tiene precisamente la responsabilidad de vigilar la legalidad y el uso de los recursos públicos dentro del instituto. Su actuación también debe estar sujeta a escrutinio.

Porque una institución no se fortalece únicamente vigilando a quienes toman decisiones. También necesita vigilar a quienes tienen la obligación de vigilarlos.

Mientras tanto, el INE tiene una tarea que no puede ponerse en pausa: organizar las elecciones de 2027, qué no son cosa menor y en un proceso electoral que inició desde el 10 de septiembre.

Y ésa es otra razón para distinguir entre una crisis de liderazgo y una crisis de funcionamiento institucional.

La salida de una persona no debería paralizar la preparación de una elección.

El padrón electoral, la capacitación de funcionarios, la instalación de casillas, los sistemas informáticos y la fiscalización de los partidos no pueden depender del estado de ánimo de quien preside el Consejo General.

Para eso existe una estructura profesional, existen procedimientos y para eso defendemos la autonomía. Ahora bien, autonomía no significa impunidad.

Que el INE sea independiente del gobierno no quiere decir que esté exento de auditorías, investigaciones o responsabilidades administrativas. Todo lo contrario.

Mientras más importante es una institución para la democracia, mayor debe ser nuestra exigencia de transparencia.

Pero tampoco confundamos rendición de cuentas con intervención política.

Porque hay otro riesgo: que una crisis interna se convierta en el pretexto perfecto para debilitar a una institución que incomoda al poder.

Investigar posibles irregularidades es indispensable. Aprovecharlas para colocar personas afines, desplazar perfiles técnicos sin justificación o reducir los contrapesos sería otra cosa. Y bastante peligrosa.

México necesita un INE que pueda ser investigado sin ser sometido, que pueda corregirse sin perder su independencia y que sea capaz de organizar elecciones confiables independientemente de quién gobierne, qué partido tenga mayoría en el Congreso o quién ocupe la presidencia del instituto.

Porque el problema de personalizar las instituciones es que terminamos exigiendo lealtades donde deberíamos exigir resultados.

Queremos saber de qué lado está cada consejero; a quién responde; quién lo propuso; con quién se lleva y se nos olvida preguntar si las reglas permiten detectar abusos, impedir decisiones arbitrarias y sancionar irregularidades.

No estoy diciendo que los perfiles no importen. Importan muchísimo.

La experiencia, la independencia de criterio, la capacidad técnica y la integridad de quienes dirigen el INE son indispensables.

Pero incluso la persona mejor preparada necesita límites y una institución verdaderamente sólida debe poder resistir también a quien no esté a la altura.

Por eso, antes de celebrar o lamentar el próximo nombramiento, habría que exigir respuestas concretas sobre las investigaciones en curso, los mecanismos de contratación, las auditorías y la protección del Servicio Profesional Electoral.

Porque cambiar de nombres puede ser necesario. Pero cambiar de nombres no equivale a cambiar las cosas y si algo nos enseñó la historia electoral de México es que las reglas no se construyeron para proteger a los funcionarios, o bueno por lo menos en teoría. Se construyeron para proteger nuestro voto, nuestra democracia.

El INE no necesita que confiemos ciegamente en quien lo preside. Necesita que podamos confiar en sus reglas, incluso cuando desconfiamos de quien ocupa la silla.