
La FGR detalló el presunto esquema financiero por el que investiga a Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos. - Foto: Cuartoscuro
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la conductora enfrenta tres órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló el presunto esquema financiero por el que investiga a Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias.
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De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, la conductora habría recibido recursos públicos desviados mediante empresas fantasma y ocultado parte de sus ingresos para evadir impuestos.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Inés Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes de un esquema de desvío y triangulación de dinero público del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante empresas fantasma.
La Fiscalía señaló que las operaciones investigadas se relacionan con contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el organismo encargado de los centros penitenciarios federales, cuyos recursos estaban destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.
Las empresas simulaban operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, mientras que el lavado de dinero permitía convertir esas ganancias en beneficios privados.
Ernestina Godoy informó que la conductora cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes solicitadas por jueces federales mexicanos, por delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La FGR sostiene que Inés Gómez Mont habría declarado ingresos menores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
Por estos hechos, una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, mientras que las otras dos corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
Ernestina Godoy explicó que después de que Inés Gómez Mont salió de México, la Fiscalía inició las gestiones para conseguir que fuera presentada ante la justicia mexicana.
En septiembre de 2025, la institución solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país, integró la petición formal correspondiente.
La fiscal detalló que durante las últimas semanas ambas autoridades intercambiaron información y que la FGR entregó las órdenes de aprehensión vigentes. Sin embargo, aclaró que la detención del pasado 30 de octubre obedece a la situación migratoria de la conductora, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses.
En caso de que se determine su deportación a México, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada al país.
Godoy también precisó que Inés Gómez Mont mantiene la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.

El caso de Inés Gómez Mont también involucra a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, contra quien la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en 2021 por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 por autoridades migratorias de Estados Unidos debido a su situación en ese país. Desde entonces, quedó sujeto a un procedimiento migratorio, mientras el Gobierno de México continuó las gestiones para conseguir su extradición.
