ASF recibe fotos, videos y mensajes de WhatsApp de informantes en investigación por caso Taddei

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones por posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ligadas a Guadalupe Taddei, y anunció que, por primera vez, colabora directamente con informantes que buscan reducir sus sanciones a cambio de dar información relevante sobre el caso.

De acuerdo con el organismo, las personas involucradas buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entre las pruebas que han entregado destacan:

• Testimonios
• documentos
• Fotografías y videos
• Información financiera y domicilios
• Conversaciones de WhatsApp
• Nombres y alias de personas presuntamente involucradas

La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que estos informantes conocen cómo habrían operado las irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años.

Además, las investigaciones han permitido documentar que los beneficiarios finales de empresas señaladas de tener un presunto duopolio en el INE habrían intervenido en la selección de proveedores y en la selección de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

El caso de Guadalupe Taddei

El caso de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ha estado rodeado de cuestionamientos por posibles irregularidades en las contrataciones realizadas durante su gestión. Las dudas se centran en los contratos millonarios que recibió el organismo y en los posibles vínculos entre personas cercanas a ella y algunas de las empresas proveedoras.

Entre las empresas señaladas se encuentran Corporativo ZEG y Cajas Graf, cuyos vínculos con personas relacionadas con funcionarios del INE han despertado sospechas sobre cómo fueron asignados algunos contratos. Una de las principales líneas de investigación apunta a que empresarios habrían intervenido en la selección de proveedores y en los requisitos que debían cumplir para obtener contratos.

Los señalamientos también han puesto atención en el trabajo del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, encargado de vigilar el uso del dinero público y detectar posibles irregularidades. En particular, han surgido cuestionamientos sobre si su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, conocía las denuncias y si actuó para investigar los posibles problemas.