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El INE enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre rumbo a 2027. La institución llega a la antesala de uno de los procesos electorales más importantes del país en medio de cuestionamientos sobre su funcionamiento, la conducción de sus autoridades y la confianza ciudadana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) se encamina a las elecciones del 6 de junio de 2027 en medio de una de las crisis institucionales más delicadas en la historia de la herradura de la democracia.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia no cerró las controversias sobre su gestión; por el contrario, abrió una etapa de investigaciones, revisión de contratos y movimientos internos que mantienen bajo presión al organismo encargado de organizar los comicios.
Los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y posibles vínculos entre Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas derivaron en la renuncia de la exconsejera presidenta y en la intervención de distintas autoridades, convirtiendo el caso en una prueba para sus mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y autonomía en medio del proceso electoral que dio inicio el 10 de septiembre.

Tras la salida de Taddei, el Consejo General designó a Blanca Cruz García como presidenta provisional el 27 de octubre. La consejera asumió la conducción del organismo mientras la Cámara de Diputados define el procedimiento para elegir a quien ocupará la presidencia de manera definitiva.
Sin embargo, el cambio de titular no detuvo las investigaciones. La Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión de las contrataciones del instituto, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el bloqueo de cuentas de 40 personas: 25 físicas y 15 morales, así como 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, tras detectar operaciones que consideró de riesgo, incluida la propia Taddei.

A la par, el 6 de noviembre las 10 consejerías presentaron seis denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen las presuntas irregularidades y se deslinden responsabilidades.
Mientras que la FGR, por otro lado realizó diligencias ministeriales y un cateo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, sin confirmar si existe una investigación abierta.
En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR no le ha notificado que se haya abierto una carpeta de investigación. La mandataria explicó que preguntó directamente sobre el caso al titular de la Agencia de Investigación Criminal, pero no obtuvo información sobre avances.
Sheinbaum reconoció que existen varias denuncias y sostuvo que corresponde a la Fiscalía revisar los señalamientos para determinar si hay elementos suficientes y qué posibles delitos se investigarían.
A la crisis interna se suma la presión financiera. La Cámara de Diputados aprobó ajustes en el Presupuesto 2027 que representan una reducción acumulada de seis mil millones de pesos respecto al presupuesto solicitado por el INE para 2027, por lo que el recorte deja al organismo con menos recursos para un año en el que deberá organizar elecciones federales y locales.
El INE había solicitado inicialmente alrededor de 47 mil millones de pesos; sin embargo, Morena y sus aliados impulsaron nuevos ajustes, por lo que el presupuesto del organismo quedó en aproximadamente 36 mil 912.6 millones de pesos.
La discusión también estuvo marcada por los cuestionamientos al gasto del INE y las investigaciones sobre las presuntas irregularidades. El recorte no solo representa un ajuste presupuestal, sino que abre el debate sobre si los recursos aprobados serán suficientes para que el INE cumpla con sus responsabilidades de organización, fiscalización y vigilancia electoral.
La incertidumbre también alcanza la renovación de la presidencia del Instituto. La falta de acuerdos entre los diputados de Morena y la oposición ha impedido destrabar la convocatoria para elegir a la sucesora de Taddei.
Por ahora, Blanca Cruz continuará como presidenta provisional y el relevo podría prolongarse hasta los próximos meses.
Mientras tanto, la salida de Taddei sigue marcada por cuestionamientos sobre el cierre de su gestión, ya que desde su renuncia no ha hecho apariciones públicas y se desconoce su paradero, incluso ni siquiera se presentó para la entrega-recepción de su cargo en el Instituto.
Por su parte, la presidenta dijo que desconocía dónde se encontraba, aunque señaló que el Gobierno federal no tenía reportes de que hubiera salido del país, pues distintos medios reportaron que tras su salida se abría instalado en Arizona, Estados Unidos.
La crisis también se vio reflejada en la percepción ciudadana. Una encuesta de Enkoll reportó que el 33.8% de los participantes señaló que su confianza en el INE ha disminuido; mientras que un 43.2% tiene poca confianza en que el órgano electoral organice las elecciones en 2027.
Por otro lado, la misma encuesta registra que un 46.6% de los participantes piensa que la corrupción en el INE está muy extendida, en lo que respecta al manejo de dinero y los contratos.
Estas cifras colocan sobre la mesa otro desafío para el organismo: recuperar la credibilidad en medio de los cuestionamientos.