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Foto: Gobierno de México

AMLO y principio de no intervención: qué es la Doctrina Estrada

Jue 24 Enero 2019 15:23

La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y el desconocimiento al nuevo mandato de Nicolás Maduro generó diversas posiciones a favor y en contra de la situación a nivel internacional. En nuestro país, el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió apegarse al artículo 89, fracción X de la Constitución, en el que se establece el principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, basados en la llamada Doctrina Estrada.

Fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que encabeza Marcelo Ebrard, que México fijó su posicionamiento entorno a la situación que acontece en Venezuela:

“En apego a nuestros principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales… México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas”.

Pero, ¿qué es la Doctrina Estrada?

Propuesta en 1930 por Geronimo Estrada, exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, la Doctrina que lleva su nombre es un compendio de ideas que rigen la política exterior de México y su relación con otros países.

Sus principales principios son:

  • Libre Determinación de los Pueblos.
  • No Intervención en los Asuntos Internos de los Estados.

Según Jorge Palacios Treviño, miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera, en el texto “La Doctrina Estrada y el principio de la No Intervención”, establece que el principio del rechazo de la práctica de “reconocer o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles”, que tiene como fundamento el principio de la libre determinación.

México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.

El mismo Palacios Treviño en su texto realiza una interrogante sobre qué actitud que asume México ante un “cambio violento de un régimen de gobierno”. Dicha respuesta, se da en la otra parte que constituye la Doctrina Estrada:

"... el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras”.

Dicho párrafo, dice Jorge Palacios, “se ha interpretado en el sentido de que la Doctrina Estrada obliga al gobierno de México a tomar una decisión sobre el mantenimiento o el retiro de sus agentes diplomáticos después de la accesión al poder de un gobierno por medios irregulares, y que el mantenimiento del agente diplomático significa aprobación del nuevo gobierno y su retiro lo contrario; es decir, que implícitamente, lo reconoce o no aunque en ningún caso se emplee la palabra reconocimiento”.

¿Cuál es la situación de México con Venezuela?

Tras los sucesos del 23 de enero, el gobierno de México emitió dos comunicados al respecto, el primero, señala que en apego a los principios constitucionales (Doctrina Estrada), no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Por ello, señaló que coincidió con el llamado que realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para entablar el diálogo entre las partes involucradas y, “hacemos votos por una salida política a la situación en Venezuela”.

Posteriormente y en conjunto con Uruguay, “formulan un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación” a fin de encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela.

Con ese propósito, ambos gobiernos pidieron apoyar un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos, en concordancia con la postura emitida por la ONU y la Unión Europea, y que podría colocar a México y Uruguay como mediadores en el conflicto en Venezuela.

Un día después, Nicolás Maduro, se pronunció al respecto: "yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente: estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento", aseguró.

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