
Foto: X (antes twitter)
Los senadores tuvieron un ríspido debate sobre la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Comisiones unidas del Senado de la República aprobaron la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Esta iniciativa considera modificaciones al marco regulatorio, así como la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En la Comisión de Radio y Televisión hubo 4 votos a favor y 2 en contra; en Comisión de Comunicaciones y Transportes, 12 a favor y 2 en contra; mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos se dieron 13 a favor y 5 en contra.
Tras ellos, se espera que sea discutida en el pleno de la Cámara Alta el próximo lunes.
Senadores de oposición advirtieron que el gobierno federal aprovechó el pretexto de combatir la propaganda extranjera que discrimina a los migrantes hacia EUA, para imponer censura y ejercer un control sobre las telecomunicaciones y la libertad de expresión.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el artículo 109 pretende imponer una censura en las plataformas digitales al concentrar en la Agencia de Transformación Digital las facultades para decidir qué se puede pasar en radio, televisión, redes sociales:
Acusó que Morena quiere controlar lo que se dice en la radio, televisión y hasta redes sociales:
“Ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, mientras que las autoridades de la 4T podrán solicitar, el bloqueo, no estoy exagerando, de una plataforma digital”.
“Estamos hablando de X, Facebook, Instagram, Youtube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de internet páginas de internet”, abundó el panista.
El artículo 210, establece que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión, televisión o audio restringidos no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos o entidades extranjeras, a excepción de la promoción de contenidos con fines turísticos o culturales.
Además, la iniciativa establece un esquema de sanciones económicas, que van del 0.01% al 0.75% de los ingresos de los sujetos regulados.