
Foto: Cuartoscuro
La Cuarta Transformación sigue acumulando señalamientos de nexos con el crimen organizado.
Las acusaciones sobre los supuestos vínculos de Morena con el crimen organizado no terminan.
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Los gobiernos de la 4T han negado reiteradamente que no poseen relaciones o nexos con grupos criminales. Sin embargo, recientemente existen supuestas investigaciones de autoridades estadounidenses e información periodística que señala lo contrario a los principios de honestidad que tanto presume la autoproclamada ‘Cuarta Transformación’.
Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido y expresidente de México, enfrentó señalamientos en los últimos meses de su sexenio sobre supuestos vínculos con cárteles, los cuales negó rotundamente en su momento.
Pero ahora, meses después de haber abandonado la Presidencia, tanto su figura como la de Morena se encuentran en el ‘ojo del huracán’ ante denuncias de haber instaurado un 'narcogobierno' por el supuesto contubernio, que señalan, tienen con asociaciones delictivas.
El caso de Vector Casa de Bolsa, institución financiera de Alfonso Romo, exasesor de Andrés Manuel López Obrador, ha alimentado aún más las vinculaciones de la 4T con el Cártel de Sinaloa.
¿El motivo? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Vector por lavado de dinero proveniente de ese grupo y también del Cártel del Golfo.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) encontró que la financiera ofreció sus servicios al Cártel de Sinaloa para la realización de transacciones millonarias.
Según el reporte de la instancia estadounidense, de 2013 y 2016, una ‘mula de dinero’ del Cártel de Sinaloa transfirió más de un millón y medio de dólares.
Y de 2019 a 2021, esa misma persona hizo una transferencia de más de 500 mil dólares a Vector mediante una empresa constituida en EUA.
Sobre la operación de Vector para beneficiar al Cártel del Golfo, la FinCEN encontró que, en el primer semestre de 2023, un integrante de dicha asociación usó los servicios de la empresa para transferir fondos y lavarlos.
“La FinCEN considera que estas transacciones probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel del Golfo”, concluyó la autoridad.
En un comunicado, la financiera negó los hallazgos: “Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional (...) Nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”.
En torno a las acusaciones contra López Obrador, éstas han surgido desde diversos medios internacionales.
Una investigación de ProPublica publicada en julio del año pasado, dio a conocer que a partir de las confesiones de Sergio Villarreal Barragán, conocido como ‘El Grande’, sobre la supuesta entrega de dinero a la campaña de López Obrador en 2006, agentes de la DEA comenzaron una investigación sobre el posible financiamiento del narco a la primera carrera presidencial de AMLO.
Dicho trabajo, escrito por el periodista Tim Golden, expone que testigos aseguraron a la agencia antidrogas que narcotraficantes como Édgar Valdez, alias ‘La Barbie’, dieron alrededor de 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial del tabasqueño.
En su momento, AMLO desestimó las investigaciones de ProPublica y negó que tener vínculos con el narco, asegurando que la información es falsa y que se trataba de un ataque a su gobierno para deslegitimarlo.
The Spectator se sumó a la lista de medios extranjeros que vinculan a López Obrador con grupos criminales, pero ahora con el Cártel de Sinaloa.
En una nota del pasado 3 de febrero titulada Sí, hay una alianza entre el Estado mexicano y los cárteles, el comentarista estadounidense Joshua Treviño, consideró que el morenista tuvo una estrecha relación con dicho grupo criminal.
En el artículo se destacan acciones que reflejan la supuesta relación entre el exmandatario federal y el cártel, que ahora es considerado como organización terrorista extranjera: el saludo que tuvo con la mamá de ‘El Chapo’; la liberación de Ovidio Guzmán tras el ‘Culiacanazo’; y la supuesta expulsión de agentes estadounidenses del país que investigaban actividades de los criminales.
Cuando comenzó la gestión de Donald Trump, las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron no solo por las amenazas arancelarias, sino por las declaraciones de la propia Casa Blanca en relación a los cárteles mexicanos.
“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha posibilitado refugios seguros a cárteles para que puedan producir y transportar narcóticos peligrosos”, alegó en un comunicado.
Esto generó reacciones de la propia presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena.
“La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el Gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente”, dijo la mandataria.
En tanto, Morena consideró las aseveraciones hechas por EUA como ‘calumnias’.
“A diferencia del pasado, cuando las más altas autoridades mexicanas estaban coludidas con el crimen organizado (...) el Gobierno de México no es aliado de ningún grupo delincuencial”, manifestó el partido guinda.
Aunado a esto y todavía en el sexenio del tabasqueño, en 2023, Marco Rubio, actual secretario de Estado de EUA, acusó a AMLO de entregar el país al narcotráfico.
“Gran parte del territorio nacional se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan estas áreas. Eso a nosotros nos importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad, entrando a nuestra frontera y a nuestro país”, señaló en entrevista para Telemundo.
El Juan Manuel Penilla, abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, tuvo una participación en el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, quien también ha sido señalado de tener vínculos con el crimen.
Y es que Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, aseveró que Penilla fungió como asesor dentro del gobierno de Villarreal, de acuerdo con Reforma.
No obstante, esta información fue rechazada por el gobierno estatal, quien subrayó que Penilla nunca ha formado parte de la administración ni ha fungido como funcionario público.
The Way and Thruth, una cuenta conservadora, publicó una supuesta lista que tendría el gobierno de Estados Unidos en la que estarían nombres de políticos mexicanos que cuentan con presuntos nexos con los cárteles de la droga.
Según esta información, el listado contendría personajes que estarían en la mira de Marco Rubio por sus presuntas relaciones con cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales.
En dicha lista aparecerían los siguientes gobernadores morenistas:
Asimismo mencionó a funcionarios del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente.
Aunado a esto artículo de ProPublica señaló que la administración del republicano busca bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos que, acusan, estarían vinculados al narcotráfico por lo que como medida se habrían revocado algunas visas.
Uno de estos casos es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres Torres.
Tras los señalamientos, en diversos momentos la gobernadora salió a declarar que las investigaciones son falsas y que ella tenía la conciencia tranquila, además rechazó que tenga algún vínculo con el crimen organizado.
A la revocación de visas se les suman el morenista Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco; y el alcalde municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila.