
Foto: Cuartoscuro
Senadores, gobernadores y diputados son algunos de los políticos que han intentado coartar la libertad de expresión de ciudadanos, la oposición y también periodistas.
En las últimas semanas, el tema de la censura ha sido el sello de la 4T. Distintos personajes, tanto a nivel local como federal, han utilizado su poder para censurar a ciudadanos, políticos de la oposición y hasta periodistas.
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Lejos de ser incidentes aislados, esta serie de casos en distintos estados revela una estrategia recurrente donde funcionarios, legisladores de Morena y sus aliados responden a cuestionamientos sobre su gestión o a señalamientos de corrupción con acciones legales que, según los afectados, buscan inhibir la libertad de expresión.
La alcaldesa de Acapulco es uno de los personajes más polémicos de la 4T; sus escándalos abarcan desde sobornos a jueces como justificación a una rapiña que tuvo lugar tras el paso del huracán “Otis”, hasta presuntos desvíos de dinero.
Este último sería el motivo por el que la morenista censuró al medio Acapulco Trends, el cual dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, presentó en el Tribunal Electoral de Guerrero una denuncia en contra de ellos por ‘violencia política de género’.
Según el medio, el motivo de esta denuncia se debe a que forma parte de un disfraz tras los cuestionamientos hacía ella por el supuesto desvió de 898 millones de pesos y por ser críticos de su gobierno.
La alcaldesa se encuentra en la mira de la Auditoría Superior del estado (ASE) de Guerrero, organismo local que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado (FGE).
Sin embargo, la exposición que hizo el medio del ‘acto de censura’ no valdría de nada pues el mismo día, el Tribunal Electoral de Guerrero dictaminó que el periodista Jesús Castañeda, a través de su medio Acapulco Trends, cometió violencia política de género contra la alcaldesa de Acapulco.
De esta forma, la sentencia que el tribunal impuso al periodista consiste en disculparse con Abelina López por un lapso de 15 días.
También deberá tomar cursos sobre violencia política contra las mujeres.
El medio comenzó con las disculpas el mismo 23 de julio.
La esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras es otra integrante de la ‘4T’ que generó mucho revuelo en los últimos días.
La diputada petista ya se destapó como candidata a la alcaldía de Hermosillo, Sonora e incluso ya fue denuncia por presunta promoción personalizada y uso indebido de propaganda.
Sin embargo, el caso que llevó a la ‘fama’ nacional a la diputada fue la denuncia presentada por ‘violencia política de género’ en contra de la ciudadana sonorense Karla Estrella.
El motivo de la denuncia fue porque Karla Estrella insinuó nepotismo en una publicación de X realizada en 2024.
En su tuit, la ciudadana aseguró que la 4T le otorgó la candidatura debido al berrinche que hizo su esposo Sergio Gutiérrez Luna.
Barreras denunció a Estrella ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y esté impuso como parte de la sanción que Karla Estrella se disculpara públicamente en X durante 30 días, refiriéndose a Barreras como “Dato Protegido”.
Además, la originaria de Hermosillo, Sonora, deberá pagar una multa de 10 UMAS, tomar un curso sobre género y quedar inscrita 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
El caso de Karla Estrella tomó un nuevo giro cuando dio a conocer que en la sentencia el nombre de la diputada estaba como “Dato Protegido”, por lo que en su serie de disculpas debía dirigirse a la diputada bajo ese mote.
Esto provocó burlas e indignación en redes sociales.
Ante las criticas y los señalamientos, Karina Barreras relató en redes que para ella bastó con la primera disculpa que recibió por parte de Estrella y pidió al Tribunal Estatal Electoral de Sonora detener la sentencia contra la ciudadana para que deje de disculparse en redes.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es uno de los personajes más controversiales de la Cuarta Transformación pues ha llegado a hablar sobre distintos políticos en su programa semanal “El Martes del Jaguar”; además, ha sido acusada de intimidación contra periodistas.
En 2024 se vio implicada en un caso de censura hacia el periodista de 71 años, Jorge Luis González, luego de que éste fuera en su momento uno de los críticos de la morenista y de su gobierno.
Debido a esta situación, Sansores presentó una denuncia en contra del colaborador de Diario Tribuna de Campeche por “incitar al odio y la violencia” en contra de la mandataria.
“Pusimos nuestra denuncia porque no los ofendo, no hay venganzas, nada más hicimos la parte legal a un periodista que es misógino (...) hay que hacerlo porque hay mujeres que no pueden hacerlo”, justificó Layda Sansores.
Tiempo después, González Valdez acusaría acoso y señaló que Sansores estuvo hostigando a los medios y a los periodistas de Campeche.
“Hacen un despliegue brutal de abuso de autoridad, me esposan, me golpean, me llevan a la Fiscalía, ahí el médico de guardia no acepta que ingrese por las heridas, me lastimaron”, señaló el periodista durante una entrevista con Azucena Uresti.
En primera instancia y tras la denuncia presentada por la gobernadora, al periodista se le prohibió ejercer sus profesión por dos años; sin embargo, el pasado 11 de julio, González Valdez informó que le fueron restituidos sus derechos debido a que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito consideró excesivas las sanciones en su contra.
Sin embargo, el pasado 15 de julio, la jueza de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, ordenó al periodista y al diario Tribuna Campeche evitar referirse a la gobernadora en cualquier aspecto.
Además, el periodista tendrá que contar con un “censor oficial” que le dirá qué sí y qué no puede publicar, por lo que sus notas serán revisadas y controladas antes de su exhibición.
Tania Contreras, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas generó polémica después de que denunciará a un periodista y a un periódico por ‘violencia política de género’.
Contreras, quien es identificada como cercana a Morena, presentó esta denuncia en contra de Héctor de Mauleón y El Universal, luego de que De Mauleón escribiera sobre una presunta red de corrupción
De Mauléon explicó que el motivo fue por una columna publicada en “El Universal” bajo el título “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”.
En el escrito, el periodista criticó la impunidad del administrador de Operación Aduanera de Tamaulipas, Juan Carlos Madero Larios, quien fue denunciado por el exsecretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, por supuestas extorsiones a agentes aduanales, recibo de sobornos y vínculos con una red de tráfico de huachicol.
En la columna, el periodista escribió que era preocupante que el cuñado de Tania Contreras fuera líder de una red de huachicol que opera en la entidad.
En ese entonces contreras era la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Ante las criticas del periodista, la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral del estado que está integrado por una prima hermana de Contreras y por un magistrado que fue subordinado directo de su esposo en la subsecretaría general de gobierno.
La denuncia procedió y tanto al periodista como al medio se les pidió eliminar de forma inmediata la publicación de la página web de El Universal y no volver a emitir expresiones que vincularan a Contreras con personas o actos delincuenciales.
“El periódico tomó la decisión de resistir el intento de censura y condenó el amago de llevar a cabo procedimientos sancionatorios por la publicación de un tema de interés público relacionado con la corrupción y preguntó si este era el futuro para el Poder Judicial”, respondió De Mauleón ante la medida cautelar.
Esta situación provocó que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas enviara una nueva resolución al domicilio del periodista, en la que le exigía cumplir con diversas medidas cautelares, entre ellas inscribirse durante cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como ofrecer durante 16 días una disculpa pública.
Hasta el momento, el periodista y el medio siguen sin acatar lo impuesto por el consejo por lo que la disputa legal continúa.
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Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, es uno de los personajes más polémicos de la 4T debido a su forma tan peculiar de afrontar los señalamientos de la oposición.
Este 23 de julio fue duramente criticado por evitar el debate en torno al caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del senador Adán Augusto López y que está acusado de ser el líder de La Barredora.
Legisladores de la oposición buscaron abrir la discusión durante la Comisión Permanente sobre el polémico tema, sin embargo, Fernández Noroña impidió hablar del asunto en la Tribuna.
En al menos cuatro ocasiones, el morenista intervino para corregir el rumbo de la sesión, donde se tenía predestinado el debate sobre la persecución y maltrato a migrantes que plantea el “Alligator Alcatraz” implementado por el gobierno de Donald Trump en Florida.
Entre los legisladores que el morenista interrumpió se encontraron:
El pasado mes de junio, el Congreso de Puebla aprobó una reforma al Código Penal que criminaliza y censura a las libertades.
Esta reforma agrega al Artículo 480 el delito de “ciberasedio” y castiga con hasta 3 años de cárcel las ofensas en redes sociales.
El decreto fue publicado el pasado 13 de junio en el Periódico Oficial del Gobierno de Puebla y establece:
“Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, indicó.
Las sanciones por este nuevo delito, van desde 11 meses a tres años de prisión y una multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el momento de la comisión del delito.
Es decir una multa que puede ir desde los 5 mil 657, hasta los 33 mil 942 pesos.