
Foto: X de Donald Trump
El presidente estadounidense firmó en secreto una orden para que el Pentágono use fuerza militar contra cárteles latinoamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Ejército estadounidense a emprender acciones militares contra cárteles de droga extranjeros, principalmente en América Latina.
No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y recibe gratis nuestro boletín diario.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, esta es la medida más agresiva adoptada por su administración en la lucha contra el narcotráfico, al tratarlo como un asunto de seguridad nacional y no solo de aplicación de la ley.
La decisión marca un cambio profundo en la estrategia antidrogas de EUA, al permitir operaciones militares directas en altamar e incluso en territorio extranjero, sin que medien acuerdos bilaterales.

Hasta ahora, este tipo de tareas habían sido responsabilidad de agencias como la DEA o el Departamento de Justicia.
Según fuentes citadas por The New York Times, altos mandos militares ya trabajan en la elaboración de escenarios y planes de acción para atacar directamente a los grupos criminales designados como organizaciones terroristas extranjeras.
Estas acciones incluirían operativos navales y de Fuerzas Especiales, y se llevarían a cabo con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas.
El enfoque, sin embargo, ha generado fuertes cuestionamientos legales y diplomáticos.
Expertos advierten que atacar a presuntos miembros de cárteles fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría considerarse un acto ilegal, o incluso asesinato, en ausencia de una amenaza inminente.
La orden de Trump abre la puerta a que Estados Unidos actúe sin autorización de países afectados, lo cual representaría una violación del derecho internacional, salvo excepciones muy específicas, como la legítima defensa.
Incluso dentro del gobierno estadounidense hay dudas. El Departamento de Defensa se negó a comentar públicamente sobre la directiva, mientras que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado no han aclarado si se ha emitido alguna opinión legal al respecto.
En el pasado, operativos similares han sido duramente criticados. En 1989, cuando el entonces presidente George H.W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega, la ONU calificó la acción como una “violación flagrante del derecho internacional”.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha dado pasos para ampliar la clasificación de cárteles como entidades terroristas.
En febrero, su administración designó a grupos como Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel de los Soles, liderado —según EUA— por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como amenazas a la seguridad nacional.
Recientemente, el Departamento del Tesoro acusó a ese cartel venezolano de colaborar con el Cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para traficar drogas a Estados Unidos.
La recompensa por información que lleve a la captura de Maduro se duplicó, llegando a 50 millones de dólares.

En abril, Trump propuso formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum permitir el ingreso del Ejército estadounidense a México para combatir a los cárteles en su territorio.
La mandataria mexicana rechazó la oferta.
A pesar de ello, el gobierno de Trump ha intensificado el uso de drones y labores de inteligencia sobre territorio mexicano, aunque sin realizar ataques letales.
Estos sobrevuelos, iniciados en la administración Biden, ahora forman parte de una estrategia más agresiva bajo la dirección de la CIA y el Comando Norte de EUA.
El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, defendió el uso de la fuerza militar, argumentando que al tratarse de organizaciones terroristas, se pueden emplear “todas las herramientas del poder estadounidense” para atacarlas.
Sin embargo, expertos legales aseguran que declarar terrorista a un grupo permite imponer sanciones y bloquear activos, pero no autoriza operaciones militares al estilo de una guerra sin aprobación del Congreso.

Con esta nueva directiva, Trump impulsa una doctrina más militarizada en su cruzada contra el narcotráfico, a pesar de los riesgos diplomáticos, legales e incluso operativos que esto conlleva.
Además, se avecina un debate profundo sobre los límites del poder presidencial, el papel del Ejército y la legalidad de usar fuerza letal contra civiles fuera de un conflicto armado reconocido.
En abril, Trump propuso formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum permitir el ingreso del Ejército estadounidense a México para combatir a los cárteles en su territorio. La mandataria mexicana rechazó la oferta.
Este viernes 8 de agosto, al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre la nueva orden firmada por Trump, Sheinbaum respondió:
“Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, no tiene que ver con nuestro territorio. Al interior de EUA, exactamente”.
Con ello, la presidenta reiteró su rechazo a cualquier intervención militar extranjera y dejó claro que su gobierno no permitirá que fuerzas armadas de otro país operen en México.