
Foto: Redes
La UIF ampliaría el cerco al incluir a sus hijos, exfuncionarios y empresas con contratos públicos en bloqueos financieros por presunto lavado de dinero, en acciones que van más allá de la acusación presentada en Nueva York.

Mientras el gobierno federal insiste públicamente en que aún no existen pruebas concluyentes en las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, en México ya comenzaron a ejecutarse movimientos silenciosos pero de alto impacto contra la llamada “red Rocha”.
De acuerdo con información revelada por la periodista Peniley Ramírez en su columna Linotipia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear cuentas bancarias de personas físicas y empresas relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, incluyendo a sus hijos, exfuncionarios y compañías que habrían recibido contratos públicos.
Las medidas representan las primeras acciones legales emprendidas en territorio mexicano alrededor del caso Rocha y abren una nueva línea de investigación distinta a la acusación presentada en Nueva York: presunto lavado de dinero y operaciones financieras irregulares.
Según la investigación de la periodista, el pasado 6 de mayo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió oficios a bancos e instituciones financieras para identificar y bloquear operaciones de personas y empresas relacionadas con el entorno del exmandatario sinaloense.
Los documentos instruyen suspender servicios financieros, impedir nuevas cuentas y congelar recursos depositados, al incorporar a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
La acción ocurrió días después de que autoridades estadounidenses ampliaran la acusación contra Rocha Moya y nueve integrantes de su administración por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, el expediente mexicano incorpora elementos que no aparecen en la investigación de Nueva York, particularmente operaciones relacionadas con lavado de dinero, empresas privadas y contratos gubernamentales.
La indagatoria financiera incluye a Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha, hijos del gobernador con licencia, quienes desde hace más de dos décadas han participado en la creación de diversas empresas ahora señaladas en los oficios de bloqueo.
Entre las compañías mencionadas destacan:
Las investigaciones apuntan a posibles movimientos financieros y vínculos empresariales que habrían operado de forma paralela a contratos y relaciones con gobiernos locales.
Construcciones Suaqui fue fundada en 2003 por Rubén Rocha, hijo del exgobernador, mientras que años después surgieron nuevas sociedades con participación de otros integrantes de la familia y socios relacionados con actividades financieras, estudios de mercado y servicios empresariales.
Dentro de los oficios de la UIF también figuran nombres clave del círculo político y de seguridad de Sinaloa.
Entre ellos aparecen:
Según lo difundido este viernes, Gerardo Mérida y Enrique Díaz se entregaron a autoridades estadounidenses.
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Parte de las empresas ahora incluidas en los bloqueos financieros ya habían sido mencionadas anteriormente en investigaciones periodísticas y denuncias públicas.
El periodista Jorge García Orozco y el abogado Salvador Mejía habían expuesto previamente presuntos contratos millonarios, operaciones con empresas factureras y vínculos financieros relacionados con integrantes del entorno de Rocha.
De acuerdo con Mejía, directivos de áreas antilavado en instituciones bancarias confirmaron que podrían venir más bloqueos de cuentas y solicitudes de información por parte del SAT.

La columna de Peniley Ramírez señala que, aunque la investigación estadounidense se centra en presuntos nexos con el narcotráfico, en México la estrategia parece orientarse hacia delitos financieros y corrupción.
Las acciones de la UIF sugieren que el gobierno federal estaría buscando procesar el caso desde la vía administrativa, patrimonial y financiera, evitando por ahora una confrontación directa sobre narcotráfico.
El caso Rocha comienza así a escalar más allá de Sinaloa y amenaza con abrir nuevas ramificaciones políticas y judiciales dentro de Morena y del aparato estatal mexicano.