
Foto: Tomada de X
Familiares y normalistas marchan a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas y recuerdan a los “protagonistas” del caso.
En la antesala del aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas, madres y padres realizaron distintas marchas en las que se lanzaron contra algunos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que estaban activos cuando ocurrieron los hechos.
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Su principal exigencia fue que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregue los “800 folios” que, afirman, contienen información clave sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Al concluir el acto, un grupo de encapuchados irrumpió con un camión, derribó la puerta 1 del complejo militar, lo incendió y realizó pintas con rostros de exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Funcionarios como el expresidente, Aurelio Nuño, Tomás Zerón, Jesús Murillo Karam, Ángel Aguirre, entre otros se hicieron presentes en las pintas. ¿Qué hacían o cuál fue su papel hace 11 años?
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegaron a Iguala, Guerrero, con el objetivo de tomar autobuses para acudir a la conmemoración del 2 de octubre.
De acuerdo con el Centro Prodh, policías municipales y civiles vinculados a Guerreros Unidos abrieron fuego y lograron detener a 43 normalistas que hasta la fecha permanecen desaparecidos.
La agresión dejó además seis muertos y al menos 40 lesionados.
El gobierno de Peña Nieto intentó cerrar el caso con la llamada “verdad histórica”, presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam en enero de 2015.
Según esa versión, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense concluyeron que no había evidencia científica de un fuego capaz de calcinar 43 cuerpos.
El País explicó que la versión oficial se apuntaló con confesiones obtenidas bajo tortura, lo que terminó por desacreditarla.
En las pintas realizadas sobre la fachada del Campo Militar 1-A y algunos otros lugares como las vallas en los alrededores de Bellas Artes, aparecieron figuras políticas y exfuncionarios del sexenio de Peña Nieto, señalados por su papel en la construcción de la narrativa oficial o por sus cargos de responsabilidad en ese momento:
Enrique Peña Nieto, presidente de México (2012–2018). Los hechos ocurrieron durante su sexenio y fue un caso que marcó su mandato.
Jesús Murillo Karam, exprocurador general cuando se construyó la llamada “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
En agosto de 2022 fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
En 2024 le fue concedida prisión domiciliaria por un tribunal colegiado, basándose en su edad o enfermedades, para que pudiera seguir el proceso legal desde casa. Su proceso no está cerrado; sigue sujeto a juicio.
Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel y fue una figura clave en la versión oficial inicial de los hechos (la “verdad histórica”).
Desde 2019 abandonó el país y actualmente se encuentra en Israel, donde vive como prófugo ante acusaciones de tortura, desaparición forzada, ocultamiento de pruebas y otros cargos relacionados con Ayotzinapa.
México ha solicitado su extradición; sin embargo, Israel no tiene tratado de extradición con México (o al menos la cooperación no se ha consolidado).
José Luis Abarca, alcalde de Iguala en 2014.
En 2023 fue absuelto del cargo específico de desaparición forzada de los 43 por falta de pruebas, sin embargo, aún enfrenta otras sentencias por delitos distintos: por ejemplo, se le dictó una condena de 20 años por el asesinato de Justino Carvajal Salgado, un síndico municipal.
En fechas recientes, un tribunal otorgó una suspensión provisional que impide que se ejecute la condena de 92 años por secuestro hasta que se resuelva un amparo.
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero al momento de la desaparición. Algunas de las implicaciones y señalamientos en su contra son:
-Aguirre solicitó licencia como gobernador unos días después de los hechos, ante la presión social por la tragedia.
-Se le ha acusado de no haber actuado con suficiente diligencia para coordinar con autoridades federales, o de permitir omisiones en la investigación.
En cuanto a la “verdad histórica”, Aguirre ha declarado que no participó en su construcción. Se le ha pedido que declare ante comisiones de investigación federales, junto con otros funcionarios federales, sobre por qué se adoptó la estrategia de que el caso fuera considerado como local, entre ellos Nuño, Osorio Chong, Videgaray, etc.
Hasta donde se sabe públicamente, Ángel Aguirre no ha sido formalmente acusado penalmente por la desaparición de los estudiantes, aunque sí hay órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de su administración.
Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia en 2014, posteriormente titular de la SEP.
Su implicación tiene que ver más con decisiones políticas y de comunicación que con cargos penales. Se le atribuye, según declaraciones de Ángel Aguirre y reportes periodísticos, haber aconsejado a Peña Nieto que el caso de Ayotzinapa se manejara como “un asunto local” al menos en los primeros días, lo que implicó una menor intervención federal.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el gobierno de Peña Nieto. Se le ha mencionado como parte de los funcionarios federales que podrían estar implicados en la elaboración o sustento de la “verdad histórica”.
Sin embargo, de acuerdo con declaraciones recientes y reportes de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, no hay indicios firmes de participación de Osorio Chong en la desaparición de los estudiantes ni en los días inmediatos del hecho.
Por ejemplo, hay señalamientos de que habría sido parte de reuniones cuando se definieron versiones oficiales de lo ocurrido. Pero Osorio Chong ha negado las acusaciones o implicaciones específicas, por ejemplo, sobre instrucciones directas de manipulación de evidencias o fabricaciones, siempre afirmando que se actuó conforme a lo que las investigaciones permitían.
En un comunicado difundido por las familias y retomado por Milenio, los padres y madres exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum dar seguimiento a cinco líneas de investigación:
Uno de los voceros de los padres, Melitón Ortega, lamentó:
“Muy doloroso. Nos da mucha angustia y dolor seguir caminando, alzando la voz y no tener ninguna respuesta; vemos mucha falsedad en la aplicación de justicia para los desaparecidos”.
Las movilizaciones continuarán este 26 de septiembre, cuando está prevista una marcha nacional que partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, atravesando Paseo de la Reforma, Juárez y 5 de Mayo.
Esta acción forma parte de la Jornada Nacional de Exigencia y Memoria, organizada en el marco de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas.