
Foto: Cuartoscuro.
El medio estadounidense destacó que durante este año, el gobierno mexicano “por presión de Trump” entregó 55 líderes criminales, lista que podría aumentar en breve.

Autoridades de México y Estados Unidos se encuentran en la fase de planificación de lo que sería la tercera entrega masiva de narcotraficantes y objetivos prioritarios a la justicia estadounidense en lo que va del año, según reportó The Wall Steet Journal.
Tras los operativos históricos realizados en febrero y agosto de este año, fuentes cercanas a las negociaciones de seguridad bilateral confirmaron al medio que se está integrando una nueva lista de criminales que actualmente purgan condenas o esperan sentencia en México, con el objetivo de ser trasladados a aquel país.
Aunque la lista oficial de esta tercera entrega se mantiene bajo reserva por razones de seguridad, se anticipa que incluirá a:
Esta tercera fase daría continuidad a una estrategia agresiva de extradiciones implementada durante 2025 por el Gobierno de México
27 de febrero: En un operativo sin precedentes, México entregó a 29 objetivos de alto perfil, entre los que destacaron:

12 de agosto: Se concretó el traslado de un segundo bloque de 26 detenidos, bajo compromisos diplomáticos de no aplicación de la pena de muerte.

Tras la entrega masiva de criminales a las autoridades de Estados Unidos, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha justificado la medida al afirmar que se busca despresurizar el sistema penitenciario y neutralizar la capacidad de mando de los capos encarcelados.
Declaró que estos criminales entregados seguían dirigiendo actividades delictivas como secuestros, extorsiones y homicidios desde los penales federales.
Enfatizó que utilizaban las visitas, las cuales no se pueden prohibir por derechos humanos, para transmitir órdenes a sus estructuras criminales en el exterior, convirtiéndose en un “riesgo inaceptable para la seguridad nacional”.
Harfuch justificó la urgencia de la operación argumentando que “tenían acuerdos con jueces” para ser liberados o retrasar indefinidamente sus procesos.
Lo que significaba un riesgo real de que estos objetivos prioritarios obtuvieran su libertad mediante recursos legales y corrupción, lo que habría sido un grave retroceso.