
Foto: Tomada de X (Twitter)
El exsecretario de seguridad Juan Bernardo Corona sigue prófugo de la justicia por presunto desvío de recursos públicos

La justicia federal negó un amparo a Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien promovió el recurso contra la orden de aprehensión girada en su contra por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos.

Corona Martínez es señalado por la autoridades federales por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
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Los fondos presuntamente desviados estaban destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en la entidad. Cabe señalar que cuatro excolaboradores del exgobernador Aureoles también fueron vinculados a proceso por estos hechos.
La demanda de amparo fue promovida ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. La juez Viridiana Berenice Quiroz declaró infundados los argumentos del exfuncionario, quien había alegado violación a sus derechos fundamentales.
La juzgadora sostuvo que la orden de aprehensión está justificada, ya que se cumplieron los requisitos establecidos tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La resolución judicial también confirmó que el quejoso no ha podido ser localizado en el domicilio obtenido por la fiscalía federal a pesar de las verificaciones realizadas. Asimismo, se destacó su flujo migratorio y la localización de inmuebles a su nombre en diversas entidades, elementos que, según el criterio judicial, justifican la necesidad de cautela aludida por la fiscalía.
Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán de 2015 a 2021, ha sido señalado por corrupción y malversación de fondos públicos durante su mandato. Estos hechos se han traducido en una orden de aprehensión en su contra y el estatus de prófugo de la justicia, confirmado por el actual gobernador de la entidad Alfredo Ramírez Bedolla, y por una ficha roja de Interpol.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delitos como peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Aureoles ha intentado frenar su captura mediante amparos, los cuales han sido negados por jueces federales en la Ciudad de México, ya que se ha señalado de incumplir condicionamientos y no ser localizado en el domicilio oficial.