Jueces y magistrados acusan que hay impedimentos a exjuzgadores para trabajar

La reforma judicial de 2024 no sólo obligó a jueces y magistrados federales a dejar sus cargos, sino que ahora enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos por las pretensiones de restringirles también el ejercicio profesional una vez fuera del Poder Judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que cualquier impedimento para que esos juzgadores trabajen como abogados, académicos o en actividades privadas sería contrario a la Constitución.

El señalamiento exhibe una de las consecuencias más controvertidas de la reforma porque profesionales que desarrollaron una carrera dentro del Poder Judicial fueron obligados a abandonar sus puestos y todavía podrían enfrentar obstáculos para continuar trabajando en el ámbito jurídico, lo cual según la JUFED a través de un comunicado señaló que vulneraría directamente su libertad de trabajo.

Para la organización, no existe justificación para convertir el paso por la judicatura federal en una especie de impedimento posterior. El artículo 5 constitucional, recordó, establece que ninguna persona puede ser privada de dedicarse a una profesión, industria, comercio o trabajo lícito.

JUFED destaca renuncia forzada de juzgadores

La crítica cobra mayor peso porque las eventuales restricciones recaerían precisamente sobre quienes dejaron sus cargos como consecuencia de la reforma y no necesariamente por una decisión personal. La JUFED señala expresamente que hubo juzgadores que tuvieron que abandonar sus funciones “de manera forzada”.

La asociación también rechazó que se prejuzgue a quienes busquen incorporarse a despachos privados o al ámbito académico. A su juicio, limitar esas posibilidades significa ignorar años de experiencia, preparación, ética y formación acumulados dentro de la carrera judicial.

JUFED pidió, por ello, eliminar de manera definitiva cualquier restricción al ejercicio profesional de los exjuzgadores y advirtió que mantener ese tipo de barreras no sólo vulneraría derechos laborales, sino que podría provocar la marginación de perfiles jurídicos de alto nivel.

El pronunciamiento coloca otra vez bajo presión los efectos de la reforma judicial pues después de modificar la permanencia de jueces y magistrados en sus cargos, la discusión se traslada ahora a determinar hasta dónde puede llegar el Estado sobre su vida profesional una vez que quedaron fuera del Poder Judicial.