Reforma electoral en la mira: las propuestas de Morena, oposición y el INE para cambiar las reglas del juego

El reloj legislativo no se detiene y la reforma electoral de la 4T ha entrado en una fase crítica.

Con el objetivo de que las nuevas reglas apliquen para el proceso electoral de 2027, el oficialismo ha pisado el acelerador para tener listo el dictamen antes del 1 de febrero, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones.

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La urgencia es clara: si la reforma no se aprueba en los tiempos constitucionales, la iniciativa quedaría en la “congeladora” hasta después de los comicios intermedios. Por ello, la operación política está en su punto máximo. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con sus alfiles en el Congreso, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, para definir el calendario. El mensaje de Monreal fue tajante: esta semana es crucial para el documento final.

A la par, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, recibió a los consejeros del INE para integrar sus propuestas técnicas. Pero, ¿qué pide cada quién en esta batalla por las reglas del juego?

Morena

La propuesta morenista gira en torno a la reducción de costos en el aparato electoral, por lo que plantea la reducción del financiamiento público a partidos políticos, bajar los costos de elecciones, así como posibles cambios dentro del Instituto Nacional Electoral.

Entre esos cambios, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de aplicar lo mismo que al Poder Judicial: que los consejeros electorales sean electos por voto popular, una propuesta que hasta la misma Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se mostró en contra.

Uno de los puntos más controversiales es el futuro de los legisladores de representación proporcional o ‘plurinominales’.

Aunque inicialmente la presidenta Sheinbaum planteó eliminarlos, bajo el argumento de que sirven para pagar cuotas y favores políticos, la propuesta se ha topado con una realidad compleja. La oposición (PRI, PAN y MC) advirtió que su desaparición borraría a las minorías del Congreso, un riesgo que incluso morenistas clave como Ricardo Monreal han reconocido, matizando posteriormente que no se buscará su extinción total.

Sin embargo, el verdadero freno proviene del ‘fuego amigo’: el Partido Verde y el PT han mostrado fuertes reservas, conscientes de que sin la representación proporcional, su peso político y supervivencia estarían en riesgo.

Ante este escenario, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial y uno de los primeros diputados plurinominales en la historia, sugirió a finales de octubre una salida intermedia: reformar y reducir el sistema, en lugar de eliminarlo de tajo.

El decálogo del PAN

Quienes han mostrado una posición más crítica ha sido el PAN, especialmente la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva y quien ha declarado que la reforma debe representar a todos los mexicanos y establecerse en consenso con las demás fuerzas políticas.

Como parte de esto compartió 10 puntos que pide como requisito para la reforma, aunque estos se centran más en frenar la sobrerrepresentación en el Congreso y medidas que garanticen elecciones más limpias sin injerencias gubernamentales.

Entre estos puntos destaca:

• Freno a la sobrerrepresentación: El porcentaje de curules sea proporcional al porcentaje real de votos
• Autonomía del árbitro: Independencia del INE y el Tribunal Electoral
• Segunda vuelta: Para garantizar una mayoría legítima y un gobierno con apoyo democrático, propone que se implementen segundas vueltas.
• Claridad con coaliciones: Que los los gobiernos estén apegados a la plataforma que registraron, evitando ‘traiciones ideológicas'.
• Financiamiento público: Mantener el financiamiento a partidos para evitar que el dinero ilícito o del narcotráfico llene los vacíos presupuestales.

Otras propuestas clave incluyen frenar la injerencia del crimen organizado, ya sea mediante financiamiento o imposición de candidaturas, restringir el uso electoral de los programas sociales y asegurar la estabilidad laboral del servicio profesional del INE.

“Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar”, señaló López Rabadán.

La postura ciudadana

Organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Permanente de Integridad Electoral, han levantado la voz para advertir sobre los peligros de aprobar una reforma al vapor y sin blindajes de seguridad.

La organización advierte que el INE enfrenta un calendario inédito para 2027, que incluye la renovación de la Cámara de Diputados, 19 gubernaturas y la segunda etapa de la elección judicial.

Bajo este escenario, el organismo afirma que eliminar los Oples para centralizar funciones generaría un vacío operativo en el momento de mayor exigencia logística.

La organización sugiere posponer cualquier cambio estructural hasta después del ciclo electoral 2027 para permitir una transición segura.

En caso de desaparecer los Oples, proponen valorar la creación de “Comisiones Electorales Temporales”.

El informe también aborda la propuesta de eliminar la representación proporcional y advierte que transitar a un sistema de mayoría pura podría provocar que un partido con el 45% de los votos controle hasta el 100% de los escaños, dejando sin voz a las minorías.

Como solución, proponen adoptar el modelo alemán o listas estatales desbloqueadas, donde el ciudadano pueda votar por candidaturas específicas dentro de una lista.

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Las propuestas del INE

Por su parte, los consejeros del INE entregaron a la Comisión Presidencial un documento con 241 propuestas técnicas. A diferencia de la discusión partidista, centrada en el reparto de curules, el árbitro electoral puso el foco en tres ejes operativos: federalismo, fiscalización y autonomía financiera.

Entre sus prioridades destaca la defensa de los Oples, organismos que el gobierno pretende desaparecer para centralizar los comicios, pero que el INE considera esenciales para la operación local.

Asimismo, exigen ‘dientes’ para sancionar los actos anticipados de campaña y la eliminación del secreto ministerial, buscando romper el ‘mutismo’ de instituciones como el SAT o la UIF que hoy obstaculizan la fiscalización del dinero sucio.

Finalmente, pusieron sobre la mesa el blindaje presupuestal y solicitaron que los recursos del Instituto se fijen como un porcentaje del PIB para evitar recortes arbitrarios desde el Ejecutivo.

Con las cartas sobre la mesa, inicia la redacción del dictamen final, bajo la sombra latente de que Morena aplique su mayoría y excluya nuevamente las voces técnicas y opositoras.