Lenia Batres se queda sin retrato tras escándalo; Corte admite errores en proceso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una nota aclaratoria para intentar cerrar la polémica por la supuesta elaboración del retrato vivo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, luego de que el tema estallara en redes sociales y generara cuestionamientos sobre gasto público y transparencia.

De acuerdo con el comunicado oficial del máximo tribunal, el retrato nunca se elaboró, no se formalizó el contrato y no hubo ningún pago por parte de la institución. La Corte también reconoció que el documento relacionado con la adjudicación permaneció visible en el Portal de Transparencia por un error administrativo, ya que no se subió a tiempo el oficio que cancelaba el procedimiento.

*La versión oficial: sin contrato, sin pago y sin retrato*

En la tarjeta informativa, la SCJN sostiene que, aunque sí existió una adjudicación inicial a la artista Diana Carolina López López, la relación contractual nunca se formalizó, debido a que la propia artista declinó realizar la obra por “compromisos y actividades previamente programadas”.

El tribunal asegura que:

• El servicio no se llevó a cabo.
• No hubo erogación de recursos públicos.
• La ministra Lenia Batres no eligió a la artista ni definió el monto del contrato.
• La permanencia del documento en el portal fue un error administrativo.

*Lo que no explica la Corte*

Más allá de la aclaración formal, el caso deja vacíos relevantes. El contrato que detonó la polémica sí existió, estaba firmado, incluía un monto definido y contaba con partida presupuestal asignada. Su cancelación ocurrió después de que el tema se viralizara tras la publicación del usuario Libro Negro.

La Corte no explica:

• Quién autorizó el avance del trámite.
• Por qué se permitió la adjudicación con monto y partida sin formalización posterior.
• Por qué la corrección llegó solo tras la presión pública.
• Quién fue responsable del “error” en el portal de transparencia.

Así, Lenia Batres se queda sin retrato, pero la polémica deja expuesta una vez más la opacidad administrativa de la Corte, justo cuando enfrenta críticas por otros gastos, como la adquisición de camionetas blindadas millonarias.