
Foto: SCJN
Con apenas cuatro meses al frente de máximo tribunal, a los nuevos ministros de la SCJN se les olvidó el discurso de austeridad de la 4T

Una de las premisas de la polémica reforma al Poder Judicial, además de acercar la justicia a la gente, era que se terminarían los lujos y privilegios de sus integrantes, sobre todo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Sin embargo, con poco más de cuatro meses en el ejercicio de sus funciones, parece que a los nueve ministros electos por voto popular se les olvidó el llamado a la austeridad que tanto enarbola el movimiento que los colocó en su cargo, la 4T.
Te presentamos algunos de los lujos atribuidos a “la corte del pueblo”, los cuales han generado críticas por parte de ciudadanos.
El pasado 22 de enero se documentó que la SCJN compró nueve camionetas de lujo, una para cada uno de los ministros, con un valor superior a un millón 700 mil pesos cada una.
De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, los vehículos son de la marca Jeep, en su modelo Grand Cherokee, los cuales cuentan con blindaje de última generación con un costo de 2 millones de pesos sobre el valor de la unidad.
Al respecto, la SCJN confirmó la compra de las unidades y argumentó que la misma se realizó pensando en la seguridad de los ministros, por la naturaleza de su encargo.
La Corte aseguró que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios, por lo que se comprometía la operación del máximo tribunal.

En días recientes se documentó que 40 mil 600 pesos fueron destinados a la creación del retrato oficial de la ministra Lenia Batres Guadarrama en la SCJN.
De acuerdo con los documentos oficiales, la contratación se realizó para la “Elaboración de retrato vivo de la señora ministra Lenia Batres Guadarrama”.
La pieza consiste en un óleo sobre lienzo con dimensiones de 50 por 40 centímetros.

El gasto fue incluido en el Programa Anual de Necesidades 2025 de la institución y el contrato especifica que la Corte realizó las retenciones fiscales correspondientes conforme a la ley.
La adjudicación del contrato se llevó a cabo de manera directa y estuvo a cargo de la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN.
Según los registros, la autorización para este gasto se otorgó el pasado 29 de septiembre de 2025.

En septiembre de 2025, la SCJN justificó la contratación de más 70 asesores para el ministro presidente Hugo Aguilar, argumentando cargas de trabajo y asuntos pendientes por resolver.
“Desde el inicio de su gestión, el ministro Aguilar Ortiz estableció que, a diferencia de presidencias anteriores, la suya tendría también un carácter jurisdiccional. En consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno”, indicó el máximo tribunal en un comunicado.
La paradoja es que el ministro presidente había declarado que aplicaría una “tijera” al gasto heredado por la anterior Corte.
“Con menos recursos salimos; no vamos a bajar salarios, pero quitaremos privilegios”, dijo el funcionario federal.

Al final, los casos documentados abren una interrogante de fondo sobre el rumbo de la llamada “justicia del pueblo”: ¿la reforma transformó realmente las prácticas del Poder Judicial o solo cambió a sus protagonistas?.