
Foto: Cuartoscuro
La senadora del PAN solicitó también la presencia de Raquel Buenrostro y Ernestina Godoy por presuntas omisiones en la investigación de actos de corrupción

La senadora Lilly Téllez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una solicitud con carácter de urgente requiriendo la comparecencia de Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la Presidencia de la República en el Senado.
La solicitud de la legisladora por Sonora surge tras los señalamientos de un presunto desvío de recursos públicos por 27 mil millones de pesos. Dichas acusaciones se basan en revelaciones del libro Ni venganza ni perdón: una amistad al filo del poder (2026), de los autores Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez.
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Según el documento, se acusa a Ramírez Cuevas de manipular un decreto presidencial de 2022 que establecía una “compensación vitalicia” para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La senadora afirma que la medida fue desvirtuada para beneficiar a personas ya liquidadas y construir una estructura clientelar.

Téllez denunció que estos beneficiarios fueron presuntamente movilizados para apoyar actos de campaña de Morena en la Ciudad de México. La legisladora estimó que el costo de esta operación equivale a la construcción de al menos 150 hospitales de primer nivel.
La proposición también requiere la comparecencia de Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y de Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República.

La senadora panista acusa a ambas funcionarias de una probable negativa u omisión en sus funciones para investigar estos hechos. Señala que, a pesar de la magnitud del escándalo público, existe una pasividad que atenta contra el principio de legalidad.
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“La Fiscalía no puede permanecer impasible cuando existe una ‘noticia criminal’ de tal magnitud", sostiene el documento en relación con la fiscal Godoy.
La legisladora argumenta que los hechos podrían constituir delitos federales como enriquecimiento ilícito, peculado y asociación delictuosa.
El documento redactado por Téllez solicita que los servidores públicos informen detalladamente sobre las acciones iniciadas y justifiquen el uso de los recursos destinados al programa de compensación.