Reforma Judicial: A corregir el capricho

Todo lo que se advirtió que sucedería sucedió y a menos de un año de la farsa que fue la Elección Judicial, la reforma que dio origen a este experimento está haciendo agua, de tal manera, que los mismos legisladores del oficialismo ya buscan aplicarle cambios, modificaciones, parches y una que otra ocurrencia para ver qué rescatan.

Para nadie es un secreto que la Reforma Judicial nació como un capricho del expresidente López Obrador después de recibir varios reveses legales a sus obras insignia y otros tantos a sus reformas que fueron frenadas o invalidadas por ser a todas luces inconstitucionales: El llamado Plan B electoral, la militarización de la Guardia Nacional y su reformas eléctrica y a la Ley de Amparo, por mencionar algunas.

Para deshacerse de los integrantes de aquella Suprema Corte que osaron anteponer la Constitución a sus deseos, López Obrador sacó de la misma chistera en la que guardaba el pañuelito blanco, una reforma para elegir “democráticamente” a jueces, magistrados y ministros con lo que, según él, por arte de la urna y el acordeón quedarían conjurados todos los males del sistema procesal. La renovación total de la Suprema Corte era el objetivo; la elección popular de los jueces, la pantalla.

La innovación a nivel mundial, como la llamaron, fue un desastre de principio a fin. Muchos de los jueces de carrera decidieron no convalidar la farsa con su participación y algunos renunciaron; se inscribieron candidatos que no cumplían ni con el requisito de haber obtenido un promedio de 8 en sus estudios profesionales, funcionarios novatos a los cuales les llevaría por lo menos una década convertirse en jueces de pronto vieron una oportunidad de sacarse la lotería sin comprar ni un cachito.

El desaseo fue tal que incluso 25 abogados vinculados con el crimen organizado, redes de corrupción, extorsiones y huachicol lograron escabullirse entre las miles de candidaturas, como lo documentaron en su momento Miguel Meza y Alonso Zepeda en la plataforma DefensorxsAC. Ni hablar de Javier Leopoldo Chávez Vargas al que le aprobaron la candidatura a juez en un distrito de Durango sin importar que estuvo preso de 2015 a 2021, en una cárcel de Estados Unidos, por tráfico de 4 kilos de metanfetamina.

La jornada electoral fue la corona de la simulación. Durante los días anteriores se repartieron acordeones con los números que los votantes debían escribir en su boleta electoral. La operación fue a nivel nacional para ministros y magistrados y los gobernadores operaron lo correspondiente a los jueces en sus entidades. Ni el INE ni el Tribunal Electoral profundizaron en investigar esta estafa que para muchos ciudadanos no pasó desapercibida y terminó reflejándose en una pingüe participación de poco más del 10% de la lista nominal.

Por supuesto que una cosa es ganar la elección y otra desempeñarse en el cargo. A los 2 meses de rendir protesta, Adrián Guadalupe Ramírez presentó su renuncia a su encargo como juez penal en Puente Grande Jalisco y borró todo rastro de su persona en redes sociales. Le siguieron algunos otros que renunciaron –y el Senado rechazó su dimisión– y otros tantos han solicitado licencias hasta por 6 meses. El número exacto nadie lo conoce porque la reforma también terminó con el Consejo de la Judicatura, encargado, entre otras cosas, de la administración de Recursos Humanos.

Por esto y más la preocupación de los morenistas Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Vázquez Vázquez y los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp, quienes presentaron una iniciativa para remodelar la reforma que prometía ser la panacea.

La modificación a 10 artículos de la Constitución tiene como puntos centrales:

-Aplazar la próxima elección judicial hasta el 2028 y ganar tiempo para todas las demás modificaciones.

-Eliminar los 3 comités de selección y crear un comité único integrado por representantes de los tres Poderes de la Unión.

-Hacer más estrictos los filtros de selección. Quitar el promedio mínimo, realizar evaluaciones técnicas a los candidatos y priorizar la experiencia profesional.

-Recuperar lo obvio: Darle peso de nueva cuenta a aquellos perfiles que tengan experiencia y carrera dentro del Poder Judicial. Y por último:

-Pasar al INE las atribuciones de para convocar y organizar el proceso electivo que actualmente está en manos del Senado.

¿Son estas modificaciones necesarias? Por supuesto que sí y además urgentes, pero ni siquiera una reforma más profunda resolverá el vicio de fondo.

La democracia podrá tener muchas bondades, pero cuando se trata de escoger perfiles para cargos con conocimientos técnicos específicos y experiencia que sólo se obtiene con la práctica y el desempeño acumulado del puesto, se convierte en algo tan absurdo como someter al voto popular al piloto del vuelo que nos llevará a nuestro destino o hacer un concurso de popularidad entre todos los empleados de un hospital para ver quién realiza el próximo transplante de riñón.

A quien le quede alguna interrogante al respecto, sólo tiene que sintonizar las sesiones de la Corte en el Canal Judicial y despejar cualquier duda al respecto.