Morena busca posponer elección judicial para el 2028

Legisladores de Morena presentaron una iniciativa para realizar distintos cambios a la reforma judicial vigente, entre los que destaca cambiar la forma de elegir a los candidatos a jueces y posponer la elección judicial para 2028.

La propuesta, según sus promotores, busca fortalecer el perfil técnico de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial y reducir la politización del proceso.

La iniciativa fue propuesta por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga María Sánchez Cordero Dávila y Alfredo Vázquez Vázquez, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría y se da tras el rechazo en la reforma electoral a cambiar la fecha, como se propuso durante las discusiones para no coincidir con las elecciones de 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas.

Estos son los cambios más importantes a la reforma judicial

Ante este escenario, la iniciativa propone aplazar la próxima elección judicial hasta junio de 2028, con el fin de separar estos comicios del calendario electoral político y permitir una deliberación pública más centrada en los méritos técnicos.

Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación del requisito de promedios académicos como criterio de selección para aspirantes al Poder Judicial. En su lugar, se plantea un sistema obligatorio de certificación de competencias, que sería emitido por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Este esquema incluiría exámenes de conocimientos diseñados por dicha institución y aplicados por universidades públicas, con el propósito de garantizar evaluaciones homogéneas y especializadas.

La iniciativa también propone la creación de un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, que sustituiría a los actuales comités separados. Con ello, se busca centralizar y estandarizar la revisión de aspirantes.

Asimismo, se plantea trasladar al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de emitir la convocatoria y organizar integralmente el proceso electivo, función que actualmente recae en el Senado, con el argumento de disminuir la influencia política en la selección.

Aunque el proyecto mantiene el principio del voto popular para la elección de integrantes del Poder Judicial, introduce un modelo mixto que combina participación ciudadana con filtros técnicos más estrictos.

Este rediseño responde a un diagnóstico en el que se advierte que los mecanismos actuales han sido insuficientes para garantizar perfiles con las competencias necesarias para impartir justicia.

Estos son las deficiencias de la elección de elementos del Poder Judicial

De acuerdo con la exposición de motivos, la revisión acelerada de miles de expedientes durante el proceso electoral evidenció limitaciones operativas que impidieron una evaluación exhaustiva.

Organizaciones civiles como Projuc y Defensorxs también señalaron deficiencias en los mecanismos de valoración de idoneidad, lo que, según el documento, permitió la postulación de perfiles sin estándares técnicos robustos.

Otro de los problemas identificados es la coincidencia de las elecciones judiciales con procesos políticos, lo que —se advierte— incrementa el riesgo de politización de candidaturas, saturación informativa para el electorado y voto desinformado, factores que podrían afectar la legitimidad del Poder Judicial.

Así se podría evaluar el desempeño de los elementos del Poder Judicial

Asimismo, se contempla la creación de un Observatorio Ciudadano que evalúe el desempeño de las personas juzgadoras bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia.

Suscríbete a nuestro newsletter. Da click aquí

La propuesta también plantea armonizar el modelo a nivel federal y estatal, incorporando la certificación de competencias en las entidades federativas y la Ciudad de México, a fin de establecer estándares homogéneos en todo el país.

De aprobarse, el nuevo modelo implicaría no solo un rediseño del proceso de selección, sino también su reprogramación hacia 2028.

El planteamiento abre así un nuevo frente de discusión sobre el alcance de la reforma judicial en México, particularmente en torno al equilibrio entre legitimidad democrática y capacidad técnica dentro de uno de los poderes fundamentales del Estado.