Congreso de Chihuahua frena a Morena y rechaza citar a Maru Campos por caso de agentes de la CIA

Diputados locales del Congreso de Chihuahua rechazaron la propuesta impulsada por Morena para solicitar la comparecencia de la gobernadora Maru Campos y del fiscal general César Jáuregui, en relación con la presencia de dos presuntos agentes de la CIA en el estado.

Esto a través de un punto de acuerdo presentado por Morena que solicitaba que la gobernadora acudiera al Poder Legislativo informara de manera pormenorizada y bajo protesta de decir verdad todos los detalles sobre los hechos ocurridos el 19 de abril.

La legisladora morenista Elizabeth Guzmán Argueta, sostuvo que el caso no es un hecho aislado, sino un asunto que pone en entredicho la soberanía nacional y la legalidad del actuar público.

En ese sentido, enfatizó que la Constitución prohíbe a los gobiernos estatales establecer acuerdos con autoridades extranjeras, por lo que advirtió que cualquier colaboración de este tipo, sin intervención federal, representaría una posible violación al marco legal vigente.

“Nuestra legislación es clara: desde la Constitución se establece que los estados de la Federación no pueden, bajo ninguna circunstancia, celebrar convenios, acuerdos o tratados con gobiernos extranjeros. Es decir, la gobernadora no tiene facultades para realizar, por cuenta propia, ningún tipo de arreglo con otro país, y menos aún con uno que recientemente ha agraviado a México”, dijo Guzmán Argueta.

En ese contexto, recordó que el 14 de abril de 2022 se firmó un “Memorándum de Entendimiento” entre el estado de Texas y el gobierno de Chihuahua, en el que se abordaron temas fronterizos sin la intervención del Gobierno Federal, lo que podría representar una vulneración al marco legal vigente.

Oposición destaca operativo para desmantelar narcolaboratorio

Frente a las acusaciones de Morena, los diputados del PRI y PAN enfocaron el debate en los resultados. Celebraron la destrucción de uno de los narcolaboratorios de metanfetamina más grandes del país en el municipio de Morelos.

“El tema que hoy nos está ocupando hay debates que distraen y realidades que exigen claridad el el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el estado no es un hecho menor, no es una nota más es una acción que en términos reales significa menos droga en nuestras calles menos riesgo para nuestras familias y un golpe directo a estructuras criminales”, aseguró el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez.

Subrayaron que se desmanteló una infraestructura criminal de más de 850 metros cuadrados con capacidad industrial, evitando que millones de dosis de droga llegaran a las calles y dando un golpe económico de cerca de mil millones de pesos al cártel.

Los legisladores de ambas bancadas argumentaron que la seguridad, la vida y la salud de los chihuahuenses deben estar por encima de los debates políticos sobre jurisdicción y soberanía.

El diputado panista Jorge Soto mencionó que la patria no se defiende cerrando los ojos frente al crimen, y retó a los diputados de Morena a “recetarle más soberanía” a las madres de jóvenes adictos, a los extorsionados y a las viudas que ha dejado la violencia.

Las bancadas de Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional argumentaron que la comparecencia no procedía, ya que el Congreso estatal no tiene facultades para citar a la titular del Ejecutivo, sino únicamente a secretarios, directores de entidades paraestatales y representantes de órganos autónomos.

Finalmente, la solicitud fue rechazada con 17 votos en contra, 12 a favor y sin abstenciones, además de la ausencia de cuatro legisladores.

El Senado cita a la gobernadora Maru Campos

Por su parte, el Senado de la República aprobó llamar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Jáuregui, a una reunión de trabajo para que expliquen el ingreso de presuntos agentes de la CIA en territorio estatal sin conocimiento del gobierno federal.

La propuesta, impulsada por el senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa, fue presentada de última hora y aprobada por la mayoría oficialista.

El acuerdo detonó un fuerte intercambio de acusaciones entre legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional, quienes protagonizaron momentos de tensión al final de la sesión.

Desde la bancada panista, el senador Mario Humberto Vázquez sostuvo que la responsabilidad de informar sobre la presencia de agentes extranjeros correspondía a instancias federales, particularmente a las Fuerzas Armadas, y cuestionó posibles fallas en la comunicación institucional.

La confrontación escaló cuando legisladores del PAN ocuparon la tribuna para respaldar su postura, mientras la senadora Lilly Téllez intervino con un megáfono durante el turno del morenista Enrique Inzunza, generando un cruce simultáneo de discursos.

El episodio evidenció la polarización en torno al caso, en medio de cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades estatales y federales en materia de seguridad.