Estos son los presuntos pagos y sobornos que recibían funcionarios de Sinaloa, según EUA

El caso contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sigue su curso. Este 11 de mayo, autoridades de Estados Unidos detuvieron a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad.

El arresto ocurre unas semanas después de que el gobierno de Estados Unidos emitió una acusación formal en contra de Rocha Moya, y varios de sus colaboradores, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El documento, elaborado por autoridades estadounidenses, plantea que los funcionarios recibían pagos como parte de una estructura organizada vinculada a la facción de “los Chapitos”, ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los señalamientos también son en contra de otros funcionarios de alto nivel en el estado a cambio de protección, filtración de información y control territorial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Suscríbete a nuestro newsletter. Da click aquí

Pagos mensuales y una presunta “nómina” del narco

De acuerdo con la acusación, diversos funcionarios recibían sobornos periódicos con montos que iban desde decenas de miles de pesos hasta más de 100 mil dólares mensuales.

Entre los casos señalados están:

• Dámaso Castro Saavedra, identificado como “Culiacán Regio”, es vicefiscal estatal y presuntamente recibía 200 mil pesos mensuales.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, está acusado de recibir alrededor de 300 mil pesos mensuales.
• Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), mantuvo pagos similares de 300 mil pesos al mes.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública: más de 100 mil dólares mensuales.
• José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), mando policial: unos 100 mil pesos mensuales.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán: más de 10 mil dólares mensuales.
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante municipal: pagos directos y recursos adicionales, el expediente no menciona cifras.

Según el documento, estos pagos estaban registrados con alias dentro de las listas internas del grupo criminal.

Protección institucional y filtración de operativos

La acusación sostiene que los funcionarios implicados habrían proporcionado información confidencial sobre operativos de autoridades mexicanas y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Esto permitía a la organización criminal:

• Evitar detenciones
• Desmantelar o mover laboratorios clandestinos
• Reubicar drogas y personal antes de cateos

A cambio, las autoridades señaladas habrían garantizado condiciones de operación con impunidad en distintas zonas del estado.

Señalamientos contra funcionarios

El documento también menciona un presunto respaldo del cártel a la campaña electoral de 2021 en Sinaloa, en la que resultó electo el gobernador Rubén Rocha Moya.

Según la acusación, el apoyo habría incluido acciones de intimidación y manipulación del proceso electoral. Asimismo, se señala a otros actores políticos, como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, como parte de una red que habría facilitado protección institucional al grupo criminal.

Violencia y cargos penales en Estados Unidos

El expediente también describe la participación de estructuras armadas del cártel en actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos, presuntamente con apoyo o tolerancia de autoridades locales.

No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y síguenos en X (Twitter)

Ante ese escenario, el gobierno estadounidense imputó delitos como:

• Asociación delictuosa para la importación de narcóticos
• Posesión y conspiración para el uso de armas de alto poder
• Secuestro con resultado de muerte
• Asociación delictuosa para cometer secuestro