
Foto: Especial
Los señalamientos de nexos con el crimen organizado son en contra de funcionarios de alto nivel incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El gobierno de Estados Unidos emitió una acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que expone un presunto esquema de sobornos sistemáticos por parte del Cártel de Sinaloa.
El documento, elaborado por autoridades estadounidenses, plantea que estos pagos formaban parte de una estructura organizada vinculada a la facción de “los Chapitos”, ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los señalamientos también son en contra de otros funcionarios de alto nivel en el estado a cambio de protección, filtración de información y control territorial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
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De acuerdo con la acusación, diversos funcionarios recibían sobornos periódicos con montos que iban desde decenas de miles de pesos hasta más de 100 mil dólares mensuales.
Entre los casos señalados están:
Según el documento, estos pagos estaban registrados con alias dentro de las listas internas del grupo criminal.

La acusación sostiene que los funcionarios implicados habrían proporcionado información confidencial sobre operativos de autoridades mexicanas y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Esto permitía a la organización criminal:
A cambio, las autoridades señaladas habrían garantizado condiciones de operación con impunidad en distintas zonas del estado.

El documento también menciona un presunto respaldo del cártel a la campaña electoral de 2021 en Sinaloa, en la que resultó electo el gobernador Rubén Rocha Moya.
Según la acusación, el apoyo habría incluido acciones de intimidación y manipulación del proceso electoral. Asimismo, se señala a otros actores políticos, como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, como parte de una red que habría facilitado protección institucional al grupo criminal.
El expediente también describe la participación de estructuras armadas del cártel en actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos, presuntamente con apoyo o tolerancia de autoridades locales.
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Ante ese escenario, el gobierno estadounidense imputó delitos como: