
Foto: Captura de pantalla
Estas prácticas habrían permitido mover recursos, obtener devoluciones fiscales y reducir el escrutinio público

Tras la acusación formal en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, nuevas revelaciones apuntan a la estructura financiera de su entorno familiar, particularmente la de sus hijos.
De acuerdo con una investigación de EMEEQUIS, Ricardo y Rubén Rocha Ruiz encabezan una red integrada por al menos 30 personas que participan en 14 empresas, varias de ellas con operaciones en el sector público y privado, y con vínculos entre sí a través de socios y consejos de administración.
El reportaje dio a conocer que las empresas han recibido contratos públicos y mantienen relaciones con funcionarios del actual gobierno estatal, lo que amplía el alcance del escrutinio.
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La investigación señala que al menos cinco empresas vinculadas a esta red habrían obtenido 622.36 millones de pesos en contratos públicos.
De ese monto:
La cual recibió:
Quien obtuvo 3 contratos posteriores a 2023 por 16.1 millones de pesos.
Esta empresa, con sede en el municipio de Culiacán, obtuvo:

El reportaje identifica que varias de estas compañías comparten accionistas y relaciones directas con funcionarios públicos.
En el centro del entramado se encuentra A & R Inyecta Soluciones, una sociedad financiera (SOFOM) creada en 2014, que puede operar como intermediaria en créditos, factoraje y arrendamiento financiero.
Esta estructura permite otorgar y gestionar préstamos; canalizar financiamiento entre empresas y participar en múltiples proyectos y razones sociales
Un año después, se creó A & R Soluciones Estadísticas, enfocada en encuestas y estudios de mercado, ampliando el alcance de la red.

El reportaje también detalla operaciones de otras empresas vinculadas:
Quien obtuvo contratos por más de:
Esta empresa obtuvo contratos por:
Estas empresas comparten socios, domicilios fiscales o vínculos directos con otras firmas del mismo grupo.

La investigación también refiere que entre 2016 y 2019 se detectaron posibles operaciones simuladas entre empresas relacionadas, incluidas algunas enlistadas por el SAT como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
Estas prácticas habrían permitido mover recursos, obtener devoluciones fiscales y reducir el escrutinio público.
Con las acusaciones en Estados Unidos, la red empresarial descrita adquiere relevancia como posible línea de investigación sobre flujos financieros y vínculos con actividades ilícitas.
Hasta ahora, las autoridades que llevan a cabo la investigación no han informado sobre indagatorias abiertas en torno a estos señalamientos, mientras el caso continúa en desarrollo.