
Foto: Cuartoscuro
Desde el presunto pacto hídrico en Sinaloa para ayudar a Rocha Moya, hasta las entregas de efectivo en sobres amarillos a los hermanos de AMLO.

Rumbo a las elecciones de 2027, Morena enfrenta una serie de señalamientos que cuestionan la legalidad del financiamiento de sus campañas electorales, derivado de investigaciones periodísticas que vinculan al partido con presuntos recursos del crimen organizado y esquemas de recolección de efectivo.
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De acuerdo con registros de fiscalización y reportajes periodísticos, la estructura fundada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalada por la presunta recepción de fondos no reportados ante las autoridades.
El pasado 29 de abril, Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, señalando que su candidatura por la gubernatura de Sinaloa en 2021 habría sido operada financieramente por el Cártel de Sinaloa, en específico, por la facción de “Los Chapitos”.
Ahora, un reportaje de N + reveló que en el arranque de la estrategia de seguridad actual, el gobernador con licencia entregó organismos estratégicos a los hijos de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán a cambio de dicho apoyo electoral.
De acuerdo con la investigación, basada en testimonios de un testigo protegido de la DEA, el grupo criminal habría entregado 10 millones de dólares para la campaña. En retribución, el gobierno estatal cedió el control de las juntas municipales de agua potable en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, así como el manejo de 48 módulos de riego de la Conagua.

En agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió en Latinus videos fechados en 2015 que muestran a Pío López Obrador, hermano del entonces líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo paquetes con dinero en efectivo en sobres amarillos.
Las entregas fueron realizadas por David León, quien en ese momento operaba para el gobierno chiapaneco y en el sexenio de López Obrador formó parte de su gabinete.
Según la investigación de ese medio, el dinero estaba destinado a fortalecer la estructura nacional de Morena y las actividades proselitistas rumbo a la elección presidencial de 2018. Algo que en sus propias palabras, el expresidente López Obrador definió como “aportaciones para fortalecer el movimiento”, el 21 de agosto de 2020.
Tras años de litigio, en 2025 el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el cierre del caso sin sanciones, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos de delito electoral y que los videos no podían ser utilizados como prueba plena debido a su origen.
Un año después, el pasado 17 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio “carpetazo” definitivo del caso al considerar que no existen elementos que configuren una infracción electoral.

En julio de 2021, Latinus presentó un video adicional de 2015 que muestra a Martín Jesús López Obrador, también hermano del expresidente, recibiendo 150 mil pesos en efectivo de manos de David León, quien en ese momento era operador del Partido Verde.
En el material se observa a León contando el dinero frente al hermano del mandatario antes de entregárselo en un sobre; al finalizar la grabación, Martín López Obrador afirma que ese dinero pertenece a su hermano.
Tras la publicación, David León aseguró en redes sociales que se trataba de un “préstamo personal” proveniente de sus ahorros.
Por su parte, el entonces presidente López Obrador comentó que la grabación corresponde a otras cintas de otros tiempos y resaltó que es un trato personal entre su hermano menor y León Romero, aunque lo destacó como un ataque político.
“Según la información sobre este nuevo video, pues fue un trato personal entre David León y mi hermano; sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto. Así de sencillo”, externó en la conferencia matutina del pasado 9 de julio de 2021.
El caso no llegó más lejos.
Durante el proceso electoral de 2017, El Universal reveló grabaciones de Eva Cadena, entonces candidata a la alcaldía de Las Chiapas, Veracruz, recibiendo fajos de billetes ocasiones distintas.
En total, la entonces legisladora local de Morena captó medio millón de pesos y 10 mil dólares bajo el compromiso de hacérselos llegar a la dirigencia nacional de Morena.
“Le entrego medio millón para López Obrador, diputada por favor. Nosotros sabemos que le tiene mucho cariño, que es de su absoluta confianza diputada”, le dice una mujer a Eva Cadena, quien incluso pidió una “bolsita” para guardar el efectivo.
Tras la difusión de los videos, la resolución del caso derivó en la expulsión de Eva Cadena del partido y su posterior desafuero en el Congreso de Veracruz.
No obstante, el partido se deslindó de la operación, asegurando que se trató de una acción individual de la candidata y no de una instrucción de la estructura central, mientras que Cadena, acusó complot por parte de Morena.
“El complot lo concibieron desde el interior de Morena, desde el Congreso federal y local, lo planearon con tiempo y saña para quitarse la piedra en el zapato en que me había convertido, y también para sacar provecho político ante los tiempos electorales, victimizándose, presumiendo una honestidad que no existe en los dirigentes”, declaró para Expansión Política.

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena creó el fideicomiso “Por los Demás” con el objetivo declarado de ayudar a damnificados. Sin embargo, el INE detectó que el fondo se nutrió mediante una “operación carrusel”, donde grupos de personas realizaban depósitos de 50 mil pesos en efectivo en sucursales bancarias con segundos de diferencia.
La investigación determinó que se movilizaron 78.8 millones de pesos, de los cuales una parte significativa fue retirada por candidatos y dirigentes del partido en lugar de llegar a la población afectada.
“Entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56 por ciento de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo. (...) Ningún partido puede manejar dinero opaco, cuya fuente no sea conocida y solo es válido el dinero privado que aportan, con plena identificación, personas físicas”, se lee en el comunicado del INE.
Aunque inicialmente el INE impuso una multa de 197 millones de pesos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sanción alegando que no se demostró fehacientemente que el dinero tuviera un fin estrictamente electoral.
“Al no haberse acreditado su responsabilidad directa o indirecta por la creación y operación del fideicomiso, la Sala Superior revocó la resolución impugnada y, con ello, la sanción impuesta por el INE al partido Morena”, se lee en el comunicado del TEPJF.

En el proceso electoral de 2022, la campaña de Américo Villarreal Anaya para la gubernatura de Tamaulipas fue vinculada con una red de financiamiento proveniente del tráfico ilegal de hidrocarburos.
El protagonista de este esquema fue el empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”, quien presuntamente inyectó capital ilegal a la estructura de Morena en el estado.
De acuerdo con Código Magenta, testimonios de Horacio García Rojas, operador financiero de Carmona captados en grabaciones, el empresario destinó 126 millones de pesos a la campaña de Villarreal, así como “500 millones de pesos a campañas de Morena en todo el país”.

Como presunta retribución, el gobernador entregó cargos estratégicos en su gabinete a perfiles vinculados a dicha red: Adriana Lozano en la Secretaría de Finanzas, Héctor Joel Villegas en la Secretaría de Gobierno y Olga Soza en la Secretaría del Trabajo.
Asimismo, la exsubdelegada de programas sociales, Jocelyn Hernández, testificó que tanto Américo Villarreal como Rubén Rocha Moya recibieron recursos del crimen organizado tras reunirse con Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, en la sierra de Sinaloa.
Según los registros aeronáuticos, ambos gobernadores utilizaban un jet privado propiedad de Sergio Carmona con matrícula XB-PND para realizar dichos traslados.
El testimonio también identifica a Norberto Barrón, secretario y ahijado de Villarreal, como el enlace directo con líderes criminales, quien además figura como viajero frecuente en la aeronave del empresario asesinado.

El historial de cuestionamientos sobre el financiamiento ilegal a las campañas de Andrés Manuel López Obrador tiene su antecedente más crítico en la elección presidencial de 2006.
Una investigación de ProPublica reveló que la DEA obtuvo pruebas “sustanciales” de que el Cártel de Sinaloa inyectó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador.
Según el expediente, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, coordinó la entrega de maletas con efectivo a cambio de que un futuro gobierno de izquierda permitiera al cártel influir en el nombramiento del Procurador General. Nombres clave del círculo íntimo aparecen en el reporte:
Ellos habrían recibido los fondos de manos de Roberto López Nájera, un abogado del cártel que después se convirtió en testigo protegido bajo el nombre clave “Jennifer”.

A este contexto de sospechas internacionales se sumó el impacto de los “videoescándalos” que estallaron previo a la elección y que hundieron la imagen de honestidad del candidato frente a Felipe Calderón, ganador de aquellas elecciones presidenciales.
Las imágenes de su secretario particular, René Bejarano, guardando fajos de billetes con ligas elásticas entregados por el empresario Carlos Ahumada, crearon una percepción de corrupción sistémica.
Finalmente, esta narrativa de opacidad financiera fue retomada y detallada desde el interior en el libro “El Rey del Cash” de Elena Chávez. La obra describe un esquema institucionalizado de recaudación de efectivo que sirvió para mantener el movimiento político durante 18 años fuera del presupuesto oficial.
Chávez, quien fue parte del círculo cercano a través de César Yáñez, explica cómo se recolectaban recursos no fiscalizables de dependencias públicas y legisladores para financiar las giras y la vida del líder, asegurando que el uso de dinero líquido fue la columna vertebral del ascenso de Morena al poder.

A medida que se acerca el proceso de 2027, el reto para Morena no será solo mantener su ventaja en las encuestas, sino sacudirse una narrativa de financiamiento paralelo que ha transitado desde los rudimentarios sobres amarillos hasta las sofisticadas redes de control territorial y recursos transnacionales.