Foto: Cuartoscuro
Morelos en llamas: crisis por redes del poder ligadas al crimen organizado
La recién detención de funcionarios acusados por extorsión exhibe el nivel de inseguridad que sufre el estado
Miroslava Callejas
Publicada: may 20 a las 21:26, 2026
La llamada “Operación Enjambre” comenzó como un operativo focalizado en el Estado de México, pero en mayo de 2026 dio un salto político y territorial importante al alcanzar a alcaldes y exalcaldes de Morelos. El mensaje del gobierno federal es claro: ya no se trata solo de policías municipales infiltradas, sino de redes completas de poder local presuntamente vinculadas con el crimen organizado.
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¿Qué pasó en Morelos?
El 20 de mayo de 2026 autoridades federales detuvieron al alcalde de Atlatlahucan, Agustín “N”, y al exalcalde de Yecapixtla, Irving “N”, como parte de investigaciones ligadas a la Operación Enjambre y a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. También se ejecutaron otras órdenes de aprehensión y se reportó la búsqueda de funcionarios vinculados al municipio de Cuautla.
Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, las capturas derivaron de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO).
El punto delicado es que los detenidos no eran operadores criminales de bajo perfil, sino figuras políticas con control territorial y estructuras municipales, lo cual intensifica las alertas sobre la infiltración del narco en estructuras de gobierno local.
García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán e incluirán a alcaldes en funciones, empresarios y servidores públicos, con el objetivo de desmantelar redes de corrupción y encubrimiento vinculadas a estructuras criminales.
Denuncian cobros y amenazas del crimen organizado en Huautla
La situación ha llegado a extremos alarmantes. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, denunció que en comunidades como Huautla, que colinda con Guerrero, el crimen organizado cobra “derecho de piso” incluso por vivir en una casa.
“Desde hace tiempos están viviendo una situación preocupante (...) Hay una parte de la población en algunos de pueblos de la parroquia donde el crimen organizado ha ido a cobrarles diciéndoles ‘Queremos asegurarles la protección de alguna otra banda y nos tienen que pagar por proteger su hogar, por proteger su vivienda’, entonces tiene que dar 200 pesos por cada miembro de la familia” denunció el obispo en una entrevista con Azucena Uresti.
El señalamiento no solo describe un escenario de violencia, sino uno donde los grupos criminales habrían asumido funciones de control territorial y social ante la debilidad institucional. Castro Castro incluso calificó la situación como un “narcogobierno municipal”, al asegurar que las autoridades conocen quiénes operan en la zona y aun así la población permanece desprotegida.
La comunidad estaría atrapada entre la disputa de dos organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, quienes presuntamente exigen cobros simultáneos a comerciantes y habitantes, generando un ambiente de miedo permanente.
El nivel de presión habría alcanzado incluso a la Iglesia católica. De acuerdo con el obispo, el párroco de Huautla tuvo que abandonar la comunidad tras recibir amenazas, reflejando el grado de control que los grupos criminales mantienen sobre la vida cotidiana en la región.
El caso de Huautla refleja precisamente uno de los principales objetivos detrás de esa operación: municipios donde el crimen organizado no solo trafica drogas o disputa rutas, sino que controla economías locales, impone cuotas, desplaza autoridades y establece sistemas paralelos de poder.