
Foto: Especial
Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios del círculo sinaloense se mantienen bajo presión luego de las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses por nexos con el narco

Las acusaciones lanzadas por autoridades de Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios ligados a Morena han sido la principal causa de su ausencia de la vida pública en los últimos días. Algunos solicitaron licencia a sus cargos, otros dejaron de aparecer en eventos oficiales y varios más reaparecieron únicamente mediante mensajes en redes sociales o declaraciones indirectas.
Mientras el gobierno mexicano insiste en que no actuará sin pruebas judiciales formales ni órdenes de aprehensión emitidas en territorio nacional, las investigaciones estadounidenses mantienen bajo presión a figuras vinculadas al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, así como a funcionarios de su administración.
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Entre los nombres señalados destacan el senador Enrique Inzunza Cázarez, la presidenta del DIF estatal Eneyda Rocha Ruiz y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quienes enfrentan cuestionamientos públicos mientras las investigaciones avanzan tanto en México como en Estados Unidos.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en su domicilio particular dentro del estado, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad federal.
Rocha solicitó licencia temporal al cargo el 1 de mayo de 2026, decisión que fue avalada por unanimidad por el Congreso local un día después. El argumento oficial fue facilitar las investigaciones derivadas de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tras su salida, el Congreso de Sinaloa nombró como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró durante su conferencia matutina que Rocha Moya no se encuentra prófugo ni oculto y señalaron que mantiene seguridad estatal como exmandatario con licencia.
“Entiendo que sí, está en Sinaloa, está en su casa”, dijo ante la pregunta de la prensa después de que este miércoles

Eneyda Rocha Ruiz, hija de Rocha Moya y presidenta del DIF Sinaloa, también desapareció de la vida pública en las últimas semanas.
Durante un acto oficial del Sistema DIF Estatal, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde evitó pronunciarse sobre la inasistencia de Eneyda Rocha Ruiz.
Su ausencia coincidió con la licencia de su padre y con las investigaciones financieras abiertas al entorno familiar del exgobernador.
Además, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias relacionadas con integrantes de la familia Rocha Ruiz como parte de las indagatorias patrimoniales.

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez acumula más de tres semanas sin presentarse físicamente en el Senado de la República.
Su última aparición legislativa ocurrió el 29 de abril, justo cuando comenzaron a difundirse las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Aunque circularon versiones sobre una posible entrega voluntaria en Estados Unidos, el legislador negó los rumores y aseguró encontrarse en Culiacán y en Batequitas, Badiraguato.
“A la Comisión Permanente no fui convocado, pero mi deber es acudir a las sesiones del Senado y así lo haré”, declaró a La Jornada.
El morenista adelantó que participará en el próximo periodo extraordinario y reiteró que no pedirá licencia al cargo.
“No tengo por qué hacerlo”, sostuvo.

Otro de los nombres que salió del escenario público es Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, quien solicitó una licencia temporal luego de ser señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que el funcionario pidió separarse del cargo hasta por seis meses sin goce de sueldo, mientras avanza su situación legal.

“Él tiene una licencia que él mismo solicitó, es una licencia que por ley está hasta por seis meses sin goce de sueldo; una vez cumplido ese término, en caso de necesidad de resolverse el proceso, lo que deriva es la renuncia”, declaró la fiscal.
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Castro Saavedra solicitó la licencia el pasado 5 de mayo, después de que fiscales de Nueva York lo señalaran en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones del narcotráfico y solicitaran su detención con fines de extradición.